Ley de Emergencias de Asturias y desafío

Se acaba de anunciar la próxima presentación de un proyecto de ley de Protección Civil y Emergencias para Asturias que a los efectos del Gobierno del Principado vendrá a ser su cuarto proyecto desde que allá por el año 1985 Faustino González Alcalde como consejero de Interior encargara a Corsino Suárez Miranda la puesta en marcha de la Protección Civil autonómica.

El primer proyecto abordado con poco dinero pretendía involucrar a la ciudadanía en la intervención directa en las emergencias con la participación de los ayuntamientos y la recuperación de la figura del bombero voluntario como precursor de los actuales cuerpos de bomberos asturianos y, por tanto, como antecedente directo de la nueva figura que entonces emergía, la del voluntario de Protección Civil. En el proyecto, la figura del bombero voluntario se combinaría con servicios altamente cualificados: la unidad canina y el grupo de rescate por una parte, y la dotación de medios de alto coste al conjunto por otra, caso del primer diseño y adquisición de un vehículo de incendios de color amarillo pensado para Asturias y la contratación del primer helicóptero para auxiliar a nuestros pescadores y a nuestros montañeros. Además se pone en servicio la primera línea telefónica para emergencias del Gobierno autónomo. Otro aspecto nuclear y principal de aquel proyecto es la división de competencias entre dos consejerías cuando Asturias asume las competencias de la antigua ICONA: la intervención directa en emergencias desde que se descuelga el teléfono, caso de la extinción de incendios forestales para la Consejería de Interior, y la prevención de los mismos para la de Medio Rural. Esta división ha marcado, afortunadamente, el devenir de la gestión de las emergencias en Asturias evitando el dispendio en duplicidades de recursos como pasa en otras comunidades autónomas. Tal división ha convertido a nuestra comunidad en un modelo de gestión integral de emergencias reconocido en España por su singularidad desde hace años.

El accidente de helicóptero del año 87 en los Lagos de Covadonga, trunca el incipiente proyecto. El siguiente se identifica con el Consorcio para la Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil del Principado de Asturias –CEISPA–. Con él cambia la concepción del inicial protagonismo ciudadano y se inicia el camino de la profesionalización del centro de coordinación y del servicio de extinción de incendios y salvamentos. Aparecen los primeros bomberos, uno por parque, con vehículos pero sin parque ni instalaciones en muchos casos. De su etapa queda el esquema de distribución territorial de los recursos y la construcción de los parques de bomberos, salvo los de Proaza, Grandas de Salime, Barres y Coballes; el cambio de un helicóptero con más vocación marinera por otro más versátil y de mayor rapidez en su salida, el modus operandi de las dotaciones de bomberos en los distintos tipos de intervenciones, la consolidación de la red de radio de emergencias del Principado y el desarrollo de un verdadero centro de coordinación de emergencias reforzado en el momento en que este consorcio asume, en nombre del Principado, la gestión del teléfono de emergencias único para toda Europa, el 112.

Ante alguna dificultad jurídica del propio CEISPA como tal, por una parte, y de gobernanza por otra, se inicia el tercer proyecto del Gobierno de Asturias con la división de todo lo que aglutinaba aquel consorcio en dos entidades, Bomberos de Asturias y 112 Asturias. De este proyecto son reconocibles hoy las modernas instalaciones de uno de los Centros de Coordinación de Emergencias más modernos de España, concebido con visión de futuro para la integración de los principales servicios que intervienen en las emergencias, y la base de bomberos y helicópteros de La Morgal, incluida la del helicóptero de la Guardia Civil; la ampliación y estabilidad de sus plantillas de trabajadores, la mayor cobertura horaria y la mayor eficacia del conjunto de recursos en las intervenciones no forestales de Europa occidental, la incorporación de los trabajadores, operadores y médicos del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia al Centro de Coordinación y una mayor incardinación de jueces, forenses y secretarios judiciales en el sistema integral de emergencias de Asturias.

Todos los proyectos tienen en común una estrecha relación con la asunción de competencias por la comunidad autónoma. Ahora, el desafío del cuarto proyecto en el que está inmerso el Servicio de Emergencias del Principado –SEPA– desde el pasado mes de septiembre y del que forma parte esta ley que se anuncia consiste en no abandonar la senda de la profundización en el modelo Asturias como sistema integral de emergencias de forma que se continúe: primero, con la integración de medios y personal de la propia Administración autonómica así como de otras ajenas en el propio sistema; segundo, con la funcionarización, por lo menos de todo el personal de la cadena de socorro, y custodia de información sensible e inherente a la gestión de la emergencia, ya sea ésta la violación de una joven o un accidente, la trata de mujeres o un incendio; el tráfico de drogas o explosivos o un rescate; tercero, con la ampliación de competencias en materia de investigación de incendios para que no sean sólo los forestales los investigados; cuarto, también con la mayor implicación del organismo en la prevención de todo tipo de incidentes, excluida la prevención forestal, claro está, de dos formas: la primera en íntima colaboración con la Consejería de Educación como materia transversal para incidir en todos los estamentos educativos y con el trasfondo de aliento y potenciación a la segunda, la colaboración y participación voluntaria de los ciudadanos en la protección civil desde su propia casa, centro de estudio o trabajo, asociación, barrio, localidad o concejo; quinto, con la creación de un registro de planes de autoprotección que resulte operativo para la gestión de las emergencias al tiempo que la inspección preventiva de locales e instalaciones obligados a ello por bomberos del Sespa resulte homologable a la de sus compañeros de Gijón, Oviedo, y del resto del país; sexto, con una mayor implicación de todas las consejerías afectadas en la red de comunicaciones de emergencia del Principado. En fin, el mayor desafío consiste en que la ley recoja la necesaria actualización y adaptación de la normativa de Protección Civil a la comunidad evitando generar problemas donde no los hay.

Eugenio García Rodríguez, exjefe del área de intervención de la entidad pública Bomberos de Asturias

Oviedo