Apología de esos jueces

El 3 de abril, LA NUEVA ESPAÑA publicó un artículo de Xuan Xosé Sánchez Vicente titulado «Esos jueces». Por más que la Academia defina el adjetivo «esos» como demostrativo, se entiende que esos –jueces en este caso– es algo indefinido, situado entre estos y aquellos. Y en expresión coloquial «esos jueces» suena algo despectivo, lejos, sin duda, de la intención de su autor. Lo que sí se puede adelantar es que en todo el artículo no aparece el nombre de ningún juez concreto. Queda al arbitrio del inteligente y bien informado lector adivinar de qué jueces se trata.

Preconiza el articulista la invisibilidad de los jueces. «Y, sin embargo, cada vez disponemos de más jueces luminarias que son ellos la causa tanto como la propia causa». El autor de dicha frase alivia el reproche a esos jueces derivándolo, en parte, a los medios, aunque «sí existen unos cuantos que parecen necesitar el aliento vital de focos y flashes para subsistir».

Si está pensando don Xuan Xosé en el juez Castro, como juez luminaria –del «caso Nóos/Urdangarín»– hay que convenir en que, sin él pretenderlo, se ha convertido en el centro del proceso por la oposición de la Abogacía del Estado, la Casa Real y el fiscal de la Audiencia de Palma; este fiscal Horrach ha emitido, además, juicios que la Asociación «Francisco de Vitoria» ha censurado por desacreditar al instructor con «intolerables y groseras expresiones de desprecio y acusaciones veladas de prevaricación». No sólo apoyan al juez Jueces para la Democracia, y lo ayudan la Policía judicial, el fedatario de los duques y otros testigos, sino también el sentir general. Tras su imputación de la Infanta por posibles delitos de blanqueo y fiscales, José Castro sigue, concienzudo, la urgida instrucción.

Otro juez bajo los focos es Mercedes Alaya, instructora del «caso ERE», cuya figura es utilizada por TVE para filmar y proyectar, en bloque, sus paseíllos de varios días con distinto vestuario. Pausada y hierática, con el carrito de los expedientes, la juez Alaya sigue impertérrita la instrucción sobre 150 beneficiarios fraudulentos y comisionistas imputados; añadiendo ahora siete aforados, con la enemiga de políticos que piden acabe la instrucción (para que no caigan más en la malla judicial). En este caso, la visibilidad de la juez es sólo imputable a los medios.

Otra clase de jueces, clasificados por el citado articulista como «de pasión romántica» que «realizan una interpretación “creativa ” de la ley... o sencillamente se niegan a aplicar la ley, porque entienden ellos que están por encima de la misma». «Un ejemplo lo tenemos en la Audiencia Nacional con jueces que rechazan aplicar la reciente limitación a la llamada justicia universal». Aquí sí apunta don Xuan Xosé, suponemos, al juez Santiago Pedraz, que prosigue el caso del periodista español Couso, muerto a tiros en Irak por soldados de EE UU, sin respuesta de las autoridades de dicho país. Cree el juez que, en este caso, prevalece la IV Convención de Ginebra sobre actos contra civiles en condiciones bélicas, dondequiera que se cometan. Por su parte, el juez Pablo Ruz rechaza cerrar la causa del genocidio de miembros del Frente Polisario, porque se cometieron cuando el Sahara era suelo español; e igualmente el caso de las supuestas torturas de españoles en Guantánamo. Estos dos jueces no creen que ellos estén por encima de la ley, sino que –con acierto o no– aplican el principio de jerarquía normativa. En todo caso, la nueva norma, limitativa de la justicia universal, se ha realizado por vía de urgencia y, en consecuencia, sin el informe de la Fiscalía General del Estado, de la Audiencia Nacional y del Consejo de Estado, y lleva camino de poner en la calle a una legión de narcotraficantes y de convertir el Mare Nostrum en un coladero de drogas.

«Y esas sentencias». Se queja también dicho escritor, con bella y florida prosa, de lo cuantioso de las indemnizaciones en conflictos entre particulares y Administración, como si el dinero de ésta cayera del cielo y como si el mundo hubiera de ser perfecto; y añade con ironía «y si un ciudadano tropieza, por un decir, en una baldosa suelta y cae, la culpa es del concejo, porque ha de tener siempre... su territorio en perfecto y beatífico estado». A lo anterior cabe aducir que en los ya céntricos distritos 5 y 6 de Oviedo, menudean las losetas y adoquines elevados, hundidos o fragmentados, con desniveles de más de 1 centímetro, que propician caídas de ancianos y fracturas óseas, que si son de cadera suelen conducir a un grado de invalidez que ninguna indemnización puede compensar, y que si hay algo en la urbe que depende del concejo es el pavimento, que ha de estar siempre en perfecto estado, para evitar lo dicho.

Por razones de espacio termino aquí la glosa del artículo mencionado, con mi merecido elogio al juez Pablo Ruz, como instructor del «caso Gürtel-Aena/Bárcenas», para añadir un dato de mi cosecha. El «caso Alfredo Sáenz», condenado por la Audiencia de Barcelona, por denuncia falsa, a 6 meses de cárcel e inhabilitación, reducidos a 3 por el TS, su indulto por el Gobierno del PSOE, la anulación de la cárcel, no la inhabilitación, por el TS, y el decreto del actual Gobierno para que Sáenz pueda seguir como banquero si el Banco de España reconoce su honorabilidad. El prepósito no espera a tal pronunciamiento y cesa voluntariamente en el Santander con una pensión de 88 millones de euros.

El autor de estas líneas tiene la creencia de que, con deshonrosas excepciones, y con «El espíritu de las leyes» en la mano, el estamento judicial es el único de los tres poderes del Estado merecedor de confianza y de agradecimiento por tratar de poner freno a la corrupción y malgobierno imperantes.

José María Izquierdo Ruiz

Oviedo