El coste de la indecencia
Desde instancias políticas se acostumbra a efectuar declaraciones que, buscando el apoyo ofrecido por la muleta de la comparación con países del entorno -de escasa inestabilidad en muchas ocasiones- o amparándose en las directrices y recomendaciones establecidas desde Bruselas u otras instituciones de carácter internacional, tratan de justificar la puesta en práctica de medidas de índole económico, laboral, impositivo o asistencial que no suelen ser recibidas con ovaciones ni provocar fuertes e intensas carcajadas entre la población. En cambio, escasean los discursos y pronunciamientos alusivos a la conveniencia de homologarse en cuestiones que contribuirían a elevar el nivel ético y democrático, como las relacionadas con las actitudes y conductas de quienes desempeñan cargos públicos y políticos. ¿Qué autoridad moral se tiene al hacer lo contrario a lo que se predica? ¿Cuál es el grado de calidad representativa cuando se engaña, ningunea y desvían recursos de los contribuyentes hacia acequias destinadas a regar y satisfacer espurios intereses? La indecencia es cara, contamina las aguas políticas y frena el desarrollo social.
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