¡No pensamos callarnos!
En España, la crisis económica y las medidas de austeridad han supuesto recortes en servicios básicos que afectan a los derechos de miles de personas. Además, muchas personas han sufrido restricciones en sus derechos a la libertad de expresión y reunión. Se han aumentado las sanciones administrativas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente. Junto a esto, se han anunciado reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana que ponen en peligro el ejercicio del derecho de reunión y expresión.
Casos como el de Jorge o Consuelo son un ejemplo de cuál es la respuesta de las autoridades ante quienes reivindican sus derechos mediante la protesta pacífica. Jorge fue falsamente acusado por agentes policiales de haber intentando agredir al consejero de Sanidad cuando, en un acto público en un hospital madrileño, reclamaba una sanidad pública y de calidad. En otra ocasión fue multado por un agente de Policía por estar en una manifestación en la que no llegó a participar. A Consuelo, su solidaridad con los mineros en la «marcha negra» de julio de 2012 le costó muy cara. El impacto de una pelota de goma lanzada por un agente antidisturbios la tuvo dos meses en un hospital, más de uno en la unidad de cuidados intensivos; hoy por hoy, ese agente sigue gozando de impunidad.
El Gobierno de España no debe coartar el derecho de las personas a manifestarse y reunirse pacíficamente, sino todo lo contrario: debe garantizar el derecho de expresión y reunión pacífica, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Debe garantizar el derecho a la protesta espontánea cuando no haya posibilidad de notificación. Las sanciones no pueden utilizarse como elemento disuasorio para impedir que la gente ejerza su derecho a la protesta.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza o de material antidisturbios contra las personas que se manifiestan de forma pacífica.
Cualquier decisión de dispersar una manifestación debe ser realizada bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, cuando pueda haber algún riesgo para el resto de las personas y debe ser claramente comunicada y explicada. La Policía debe abstenerse de llevar a cabo tratos sexistas, racistas o discriminatorios contra las mujeres, migrantes o personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero.
Por nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, decimos muy alto: ¡No pensamos callarnos!
Francisco Javier Fernández López, portavoz de Amnistía Internacional Asturias, Oviedo
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