Diversidad funcional: una asignatura pendiente
Una tarde reciente, mientras disfrutaba en un bar de buena compañía y conversación, escuché a un hombre quejarse por la discriminación que sufren los ciudadanos normales (en sus propias palabras) frente al colectivo de personas con discapacidad.
No creo descubrir la pólvora si señalo que en el ámbito de la diversidad funcional se toman medidas que suponen una discriminación positiva, con el justo objetivo de ayudar a quien más lo necesita. A algunos pueden parecerles injustas las famosas plazas de "parking" para discapacitados o las ventajas fiscales de las que algunas empresas se benefician al contratar a alguien con algún tipo de discapacidad, como puede ser un problema de movilidad reducida. Sin entrar a despotricar contra el actual despiece de la coloquialmente llamada ley de Dependencia, creo que es menester nombrar unos datos publicados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) sobre la situación del colectivo en 2008, año en el que los Presupuestos del Estado para la autonomía de personas con discapacidad aún no habían sido recortados.
De acuerdo con el citado estudio, la tasa promedio de pobreza extrema en la población española se multiplicaba por 3 en el caso del colectivo discapacitado. Casi nada. En el otro lado del espectro económico, se calcula que la tasa de discapacidad era siete veces menos alta en hogares donde los ingresos superaban los 3.000 euros mensuales (4%) que en hogares donde los ingresos no llegaban a los 500 euros mensuales (30%). En otras palabras, ser o no ser discapacitado suponía una diferencia difícilmente salvable para intentar vivir dignamente. Lejos de corregirse, esta tendencia se ha agravado con los recortes y la precarización general de los trabajadores. ¿Realmente reciben un trato de favor?
No voy a entrar a analizar las ayudas para la autonomía, que ni de lejos llegan a cubrir el salario a tiempo completo de un trabajador especializado (lo que suele condenar a un familiar cercano, generalmente mujer, a hacerse cargo de la situación), pero es evidente que existe un problema por resolver, una discriminación en lo económico y lo laboral (el porcentaje de parados también es muy superior en casos de discapacidad) que ni todas las plazas de "parking" del mundo pueden compensar, por más que algunos se quejen.
El reciente premio a la mejor faba asturiana otorgado a la finca El Cabillón (Tapia de Casariego), gestionada por la Fundación EDES y que emplea a personas con diferentes tipos y grados de discapacidad, vuelve a poner de manifiesto la capacidad del colectivo para realizar tareas profesionales, vamos, para trabajar, sin que sea la obra de caridad de algún empresario filántropo. ¿O no? ¿Realmente hay algún motivo insalvable por el cual un carpintero sea menos apto para su trabajo si es mudo? ¿Algún motivo para que en el año 2014 nos siga incomodando la presencia de una persona en silla de ruedas y parezca un acto de caridad darle un puesto en la oficina, como si no pudiese ganárselo por su valía profesional? ¿Hay algún motivo por el cual un investigador sea menos apto para su trabajo por tener una parálisis cerebral?
Como podemos ver, la cosa va más allá de una rampa de acceso, un baño adaptado o una plaza de "parking". El estigma que señala a las personas con discapacidad como incapaces sigue aún clavado en nuestras cabezas. La normalización social del colectivo está aún pendiente.
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