El juego del independentismo
Si se parte de la Constitución española en sus dos primeros artículos se evidencia la imposibilidad legal de la independencia de cualquier autonomía o población del territorio del estado. Aunque la situación actual está, a mi juicio, tensionada por la consulta catalana sobre la independencia con fecha fijada para el 9 de noviembre de 2014, si bien es, claramente, ilegal e inconstitucional. Aunque creo que no se sabe muy bien que sucederá, ni que medidas exactas aplicará el gobierno de la nación ante este desafío, lo que, en mi opinión, aumenta la incertidumbre ante lo que realmente puede suceder, y acerca de las consecuencias efectivas desde una perspectiva política y social. Considero que es un contrasentido este planteamiento, porque se podría entrar en una dinámica de votaciones en relación a la soberanía de las diversas nacionalidades existentes en España que sería negativa para los intereses generales, y por la imagen de desunión y descontrol que se produciría en todo el mundo respecto a nuestro país. Si Cataluña, Galicia, el País Vasco, Asturias, etc, pretenden independizarse se creará, por imitación, un enorme problema de estabilidad política, y unos profundos problemas en distintos aspectos económicos, sociales, etc. Porque el efecto cascada puede ser muy desestabilizador, por numerosas razones. Porque en estas cuestiones la claridad y el orden estatal deben ser visualizados por todos los ciudadanos.
Ciertamente, si la decisión de la independencia o separación de una comunidad autónoma fuera con la aprobación de todos los ciudadanos españoles con derecho a voto, a mi juicio, quedaría legitimada democráticamente. Además de los cauces democráticos que establece la Constitución para la propia reforma de parte de su articulado se pueden proponer cambios más sustanciales, que si son aprobados con las correspondientes votaciones, y de acuerdo con los procedimientos delimitados por las leyes y reglamentos, me parecen legítimos. Existe la posibilidad de aumentar las competencias, y de el establecimiento de mejores mecanismos de compensación económica y equilibrio presupuestario.
Respeto las ideas de los independentistas, pero no las comparto. Porque en un mundo cada vez más interconectado deja de tener sentido la atomización de los poderes. En un planeta globalizado e interdependiente la tendencia política es justamente la contraria. Si bien esto también debe ser objeto de análisis que delimiten el alcance exacto de la soberanía de cada estado respecto a la Unión Europea, para no llegar a niveles de dependencia del poder europeo que limiten de modo incoherente e irracional el legítimo poder y autonomía del estado español.
Otra razón más es pensar en los problemas que puede generar el proceso independentista, con la considerable pérdida de la influencia y relación de España con Iberoamérica, y con los restantes países del mundo. En un contexto de crisis económica en el que todavía estamos inmersos, aunque sea por el número absoluto de personas en paro, los experimentos independentistas no me parecen apropiados. Lo que se necesita, precisamente, es un cierto cosmopolitismo universalista que comprenda la diversidad de las nacionalidades y regiones de cada estado, pero que las integre en proyectos de desarrollo más solidarios y amplios.
El derecho a votar no es algo absoluto que se puede aplicar sin condiciones a lo que se quiera e interese en cada momento sociopolítico, algo que está presente, en mi opinión, en los planteamientos de cierto independentismo político catalán. Noto una sustancial falta de consideración respecto a una parte del ordenamiento jurídico que garantiza la unidad de este país. Las falacias y las argumentaciones incoherentes no deben sostener ningún discurso que justifique el desprecio de las leyes, y de su racional interpretación reafirmada por numerosos juristas altamente cualificados.
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