Injerencias ajenas en la caza
Tal parece que la caza no esté ordenada; ciertamente, no es así, cuando desde organizaciones y asociaciones de fuerte trazo conservacionista irrumpen con evidente tendencia a sustanciarse desde posiciones pasionales, contradictorias y críticas con el buen ejercicio de la caza; protectoras de una burbuja ecológica integral organizada en torno a una vieja aspiración de intervenir en asuntos propios de la caza, delatando la necesidad de considerar la caza como una actividad del pasado, buscando, ajenos a la razón, crear una atmósfera de complicidad hostil e insumisa con la sociedad moderna hacia todo lo que el deporte de la cinegética representa y promueve para el conjunto de la ciudadanía.
Diría que la caza se encuentra fuertemente intervenida por diversas instituciones públicas; obsesivamente vigilada, muy particularmente en Asturias, donde la caza se distingue por sus características y peculiaridades únicas (dada la representatividad social y trato de igualdad de su composición), hallándose en poder de una jerarquía oficialista selecta de signo proteccionista de la biosfera y del paisaje que aparentemente no contiene adecuados sentimientos de comprensión hacia una práctica vocacional, como es la caza y su buen ejercicio, tan sumamente desprendida y pulcra en el tratamiento de los recursos naturales (las especies cinegéticas lo son); contradictoria en su mensaje transmitido a la ciudadanía, con aquel otro promotor de una leyenda negra atribuida a los cazadores.
Lo cierto es que, desde el frente corporativista anticaza, alguien sale a la palestra con un discurso incomprensible en el plano teórico, mentando sobre aquello que no es de su incumbencia. Sólo nos faltaría a los cazadores que, desde una federación de asociaciones ecologistas que tiene por norte el tópico de una absurda crítica costumbrista empleada sobre la venatoria, en las más de las ocasiones, escasas de tacto y mesura, se haga ciencia ficción, al pronunciarse contrarios sobre la posible instalación en gran número de comunidades el carné o licencia única de caza, válida ex profeso para las circunscripciones regionales que se han adherido a este convenio.
Pretenden influir con medidas anacrónicas determinantes en la implantación de este documento global. Se atienen para ello, como argumento artificioso, a la exigencia de adoptar medidas de seguridad, alegando aspectos que se contradicen, pues la licencia regional en vigor, o la futurible que ha de llegar, son de igual repercusión en cuanto a imprudencias o accidentes. Pero aún van más allá exigiendo al Estado la obligatoriedad de un examen para todo aquel interesado en iniciarse en la caza. No acaban ahí las injerencias, sino que apuran su voluntad de intervenir en los propios estamentos; en la modificación de sus leyes y reglamentos; en la composición del régimen interior de las sociedades. Propugnan desde su ideario cambios sustanciales en las distintas modalidades de caza, en las formas y la temporalidad de celebrar lances, en la capacidad cualitativa y cuantitativa del aprovechamiento de las especies cinegéticas. En definitiva, un tutelaje externo innecesario, al que no han sido llamados, que trata de inmiscuirse en las estructuras orgánicas del sector cinegético, abocado en estos tiempos a tener que soportar las injustas descalificaciones que forjan aquellos que hacen de la caza una obsesión persecutoria.
No caben, pues, intromisiones extrañas e improcedentes en un cuerpo social que tiene como activo destacado la expresión vertebrada de sus instituciones, reflejo fiel de una eficacísima labor sin precedentes, construida y desarrollada desde el acato a las normas legislativas y el respeto hacia los ciclos biológicos de todas las especies silvestres, símbolo del esfuerzo generoso y altruista de los cazadores, consolidada y engrandecida a través de los años. El mejor ejemplo como denominación de origen.
Por eso, lecciones e injerencias ninguna, menos de quien desconoce una realidad objetiva referida al ordenamiento y a la gestión de la cinegética en España.
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