Futuro político
Ante el desafío independentista de Mas la reacción del gobierno me parece que no es suficientemente contundente. Porque el reconocimiento de la ilegalidad del referéndum del 9 de noviembre por razones muy claras quizá no sea suficiente. Aunque se apliquen mecanismos institucionales para impedir la consulta soberanista se puede dudar de su eficacia real. Y el supuesto aplazamiento de la pregunta a otro período que puede coincidir con las elecciones más próximas es un supuesto inquietante. Que el futuro no se puede predecir, porque no se puede prever lo que sucederá, es algo que aumenta la incertidumbre ante este proceso secesionista. La denominada tercera vía me parece una propuesta inconcreta, aunque si se mantiene la unidad de este país no plantea problemas sustanciales. Porque los discursos poseen un valor relativo ante los hechos consumados. Y si ya, por ejemplo, la dinámica respecto al respeto a la enseñanza del español en Cataluña parece que deja mucho que desear, ya que las sentencias no se cumplen realmente, por lo que dicen los medios informativos escritos, esto da que pensar, y es revelador en relación con la cuestión de la separación de esta región del resto de España. En un titular del año 2013 de un periódico se lee: «Cataluña ordena incumplir las sentencias sobre el uso del castellano en las escuelas». Porque si sucede lo mismo, o algo muy parecido en relación con la declaración de independencia unilateral del territorio catalán, la consecuencia no es el mantenimiento de la indisolubilidad de nuestro país. En cualquier caso, existe un amplio margen para la desconfianza. Puesto que si se incumplen ciertas leyes con impunidad se puede pensar que el poder ejecutivo del Estado de derecho no obliga a cumplir con algunas normas o sentencias.
Además, contemplando la presunción de inocencia que es un derecho de todo ciudadano, la confesión de Jordi Pujol añade una problemática nueva, y muy considerable, a la situación nacional de la comunidad autónoma catalana. Porque la declaración de bienes a la Agencia Tributaria es una obligación inexcusable para todos los ciudadanos y, especialmente, para los gobernantes. Que Artur Mas considere que estos asuntos son exclusivamente personales o privados roza, a mi juicio, lo increíble. Porque la Udef ya ha realizado sólidas investigaciones, y parece, según confirman los medios informativos, que dispone de evidencias y pruebas. Y no creo que se pueda decir con argumentos que la Udef es una Policía política, ya que está operando incluida en el organigrama de la Policía Nacional y judicial que abarca toda la superficie de nuestra nación. La investigación judicial en Madrid ya está abierta, y se irá sustanciado a partir de septiembre en los tribunales, en un proceso que imagino largo y minucioso.
La cuestión de un hipotético federalismo que no rompa la unidad del territorio español creo que es articulable con cambios constitucionales, aunque dudo que sea aceptado por los sectores independentistas, si no supone una absoluta autonomía respecto al Gobierno central de Madrid. Los Estados Unidos son un Estado federal, pero un modelo similar considero que no será aceptado. Porque, en el fondo, creo que no se diferenciaría mucho del actual Estado de las diecisiete autonomías. Aunque dispusiera de mayores competencias, cada Estado federal de España, el aspecto esencial seguiría siendo que el poder central lo coordinaría todo, y sería el Gobierno el que controlaría a los territorios federales autónomos.
En esta reciente última reunión de Mas con el Presidente la situación se mantiene en los mismos términos. Si bien, en declaraciones a los medios, el líder catalán habla de la posibilidad de movilización de una supuesta mayoría social, o de un plan que prefiere no desvelar todavía por razones estratégicas y políticas. En todo caso, el horizonte político no me parece estable a tenor del clima que se está creando en la opinión pública, y en los ámbitos cultural, económico y social.
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