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Los taxistas de Oviedo y Asturias se merecen un respeto

3 de Agosto del 2014 - Gabino Pérez Santos (Oviedo)

Que el taxi es un servicio público de referencia para el desenvolvimiento del transporte de viajeros en una ciudad moderna sólo lo discuten los que tienen interés en que desaparezca por puro interés económico. Habría que preguntarles a los detractores de este servicio público si están dispuestos a asumir lo que hoy les da el taxi a la sociedad:

1. Un servicio permanente las 24 horas del día.

2. Atención preferente a discapacitados con una flota de vehículos pagada por el propio gremio.

3. El único sector que generó empleo durante los últimos cuatro años a costa de su cuenta de resultados.

Si en la ciudad el taxi es un elemento vertebrador del tejido social y económico, en los pueblos y aldeas de la región se convierte en imprescindible al ser el único medio para poder desplazarse al médico, ir de compras o acercar los críos al colegio.

Cuando desde la Consejería de Fomento se organiza una reunión a la que se convoca municipios, asociaciones de consumidores, asociaciones de vecinos y la Patronal del Transporte en Autobús; todos ellos integrados en el Consorcio de Transportes lo que se pretende es echar el cerrojo a cualquier tipo de acuerdo con el sector del taxi. De poco valen las apelaciones a la sensatez de los taxistas por parte de Fomento cuando nunca han querido negociar nada en los tres encuentros mantenidos desde el inicio de la crisis.

Los taxistas acudimos a la justicia porque la actitud de los responsables políticos del transporte por carretera del Principado se han extralimitado en sus funciones al favorecer a los transportes interurbanos en detrimento de los urbanos, y lo razonamos:

1. El Consorcio de Transportes está operando las líneas de autobuses interurbanos sin la preceptiva autorización del Ayuntamiento de Oviedo.

2. La Consejería de Fomento no respeta la Ley de Transportes en vigor ni su desarrollo reglamentario que obliga a las empresas de transportes interurbanos a trasladar a los pasajeros desde sus puntos de recogida en esas poblaciones hasta la estación de autobuses. Ocasionalmente y de manera puntual permite dejar y recoger pasajeros en el casco urbano, siempre con la autorización del Ayuntamiento.

3. La Consejería de Fomento tergiversa los datos relativos al número de expediciones de autobuses interurbanos que daban servicio al antiguo hospital comparándolas con las actuales al incluir los transportes especiales de estudiantes y funcionarios que sí podían transportar usuarios no afectos a estos servicios pero que lo hacían en una cantidad muy inferior a la actual.

4. Lo que pretende el Consorcio de transportes es priorizar el transporte interurbano, concediéndoles autorizaciones para recoger en las ciudades que ya tienen un transporte público urbano, lo que lleva a este último a asumir unos gastos de explotación iguales a los que tendría sin la injerencia de la Consejería y que lleva a que los vecinos de Oviedo tengan que asumir un incremento del billete de autobús urbano que pasa de 1,05 a 1,20 el billete sencillo.

5. Como consecuencia de las decisiones de la Consejería de Fomento al permitir recoger y dejar pasajeros a los autobuses interurbanos en la ciudad, los ovetenses tendrán que pagar la pérdida de viajeros del autobús urbano al tener que incrementar las subvenciones el Ayuntamiento a este servicio.

Las consecuencias para el comercio y la actividad económica de Oviedo de que el Principado rompa el equilibrio en el transporte de viajeros por carretera concediendo "derechos de pernada" a las empresas de autobuses interurbanos supone un lastre para su futuro. De ello tienen que ser conscientes, en primer lugar, los actuales titulares del gobierno municipal: tiene las armas administrativas que les proporciona la ley de Bases de Régimen Local y las regulatorias del tráfico urbano que les proporciona el Reglamento de Tráfico en su art. 7.

Los grupos políticos de la oposición en el Consistorio ovetense no deben hacer de este asunto una política tancredista y de dejar pasar el tiempo cuando éste juega en contra de los intereses de la ciudadanía.

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