Negocios privados contra servicios públicos
Cuando concluya este año se cumplirán seis desde que el Partido Popular y AIGRAS en 2009 privatizaran el Servicio municipal de Aguas en Grado. El 1 de enero de dicho año de la gestión de todas las instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento municipales se hizo cargo Aquagest, filial de la empresa transnacional Aguas de Barcelona, con un período de explotación de 25 años por la cantidad de cuatro millones de euros, y uno más para inversión. Esta perita en dulce para hacerle la cuenta redonda al negocio privado se acariciaba desde tiempo atrás por las empresas del sector; bien informadas, con datos y resultados de primera mano, estaban preparadas para que a la primera ocasión, con la toma de la Alcaldía por el Partido Popular, se diera vía libre al negocio privado. Que el PP moscón a la vista de las elecciones de 2007 ocultara a los vecinos su decisión de privatizar el Servicio municipal de Aguas no le impidió practicar el doble juego para tener tanteadas empresas privadas y "conseguidores" al servicio de éstas, alguno de ellos imputado en la instrucción de sumarios judiciales abiertos.
El precio total de cinco millones de euros por la venta del servicio resultó una cifra nociva para los intereses municipales, al resultar muy inferior al rendimiento de las instalaciones, que a lo largo de 25 años de explotación habrían aportado a las arcas del Ayuntamiento unos ingresos superiores a los 16 millones de euros. Además, se donan a la empresa más de seis mil clientes fijos... y cautivos. Para mejor garantizar esta operación de expolio municipal, los partidos gobernantes establecieron un límite económico por arriba, invalidando la oferta empresarial que pujase por encima de cuatro millones de euros. Aquagest, sin gastos de mantenimiento ni de inversiones, y los costes de personal solapados al disponer de plantillas que le permiten gestionar otros abastecimientos en la región con la misma plantilla, ha sido la gran beneficiada de esta traición electoral. Mientras, las arcas municipales han perdido el 15,2 por ciento de los ingresos por recursos propios, según datos del año 2007. Y así hasta el año 2034.
La operación del Partido Popular y de AIGRAS se sustentó sobre una mascarada legal que ha tenido como objetivo el traspaso de una propiedad pública a privada, en condiciones económicas muy ventajosas para ésta y, a la vez, exentas de riesgo. Dineros públicos que se irán por los desagües y alcantarillas hasta los depósitos privados de Aquagest o Aguas de Barcelona. También se ha jugado con el dinero de los vecinos como consecuencia de la aplicación del IVA en el recibo, cargo que no repercutía mientras operó como servicio público.
Con la nueva gestión privatizada, ¿qué mejoras se han producido en el servicio y cuáles los beneficios que ha reportado a los vecinos? Porque de eso trataba la justificación política del Partido Popular y AIGRAS: eficiencia en la gestión y ahorro económico. La aplicación de ambos criterios tenía un destinatario: el colectivo vecinal, que con el tiempo sería testigo de la mejora en la calidad del suministro del agua para el consumo doméstico y, además, obtendría un considerable beneficio económico al reducirse el precio en el recibo de este preciado y fundamental elemento. Sin disponer de una opinión vecinal contrastada en cuanto al mayor grado de satisfacción respecto a la anterior gestión pública, existe la percepción de un sentimiento ciudadano muy dispar a las bondades expresadas por el Alcalde y los concejales en su día. Y es que, en términos reales, no mejoró la calidad del agua ni se abarató su precio, sino todo lo contrario.
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