Supuesto delito fiscal
Ante la sucesión de los acontecimientos respecto al "caso Pujol" parece que, aun contando con la presunción de inocencia, es inevitable dejar claras ciertas cosas que son de sentido común y de pura lógica argumentativa. Aunque son los jueces y el sistema judicial los que tienen la última palabra en estas cuestiones, se pueden realizar múltiples comentarios sobre este tema. El reconocimiento público del expresidente de la Generalitat catalana de no haber hecho la declaración durante más de tres décadas es un dato esclarecedor y que exige, indudablemente, una rigurosa, profunda y extensa investigación por parte de la Agencia Tributaria y de la justicia. Y, a mi juicio, sería imposible esta indagación de Hacienda y de las instancias judiciales que correspondan sin acceso completo y sin limitaciones a todas las cuentas y fondos de esta familia. Es algo que no merece mayores matizaciones. Independientemente de posibles filtraciones de documentos bancarios de Andorra y del secreto bancario. Porque el respeto a las leyes tributarias y a las operaciones económicas legales es lo fundamental. El que se presenten querellas en defensa de los intereses de Pujol es algo entendible desde el lógico derecho a la defensa de los propios derechos. Pero los indicios ya obtenidos por la ya famosa UDEF son decisivos y la investigación judicial debe seguir su trayectoria como en el caso de cualquier ciudadano. En el asunto Filesa también hubo filtraciones y al final hubo sentencia condenatoria. Lo que no puede ser es que exista impunidad y prescripción de delitos, simplemente, por estrategias de dilación pensadas con anticipación y con procedimientos que propicien el transcurrir de los meses y los años para que se olvide lo sucedido. Además, la alegación de persecución política por parte de España es una simple cortina de humo que no alcanza su objetivo de ocultar la multitud de datos acumulados sobre las actividades económicas y el ingente dinero acumulado a través, supuestamente, del tres por ciento de comisión de las obras realizadas en los más de veinte años de Gobierno de Pujol en Cataluña.
La consulta soberanista no tiene nada que ver con el descubrimiento de estas prácticas supuestamente corruptas de esta familia. Porque es un proceso iniciado hace meses y que se está sustanciando con más rapidez a partir, sobre todo, de la confesión tributaria del patriarca. El defenderse con el mejor equipo de abogados no puede evitar que la indagación, y los procedimientos legales para saber toda la verdad sigan su curso inexorable. Nadie debe disfrutar de privilegios ante las leyes por muy alto que haya sido su cargo de poder. Por tanto, lo mismo que a los ciudadanos se nos exige cumplir al pie de la letra con nuestras obligaciones fiscales, con el más absoluto respeto a las leyes económicas, también es deber de esta familia que ha estado en el poder dar explicaciones ante las instancias judiciales de su responsabilidad en el ejercicio de su autoridad política. Precisamente, los políticos que ejercen el poder son los que deberían dar mayor ejemplo en su conducta económica declarando sus bienes de modo público para dar muestra de transparencia política a todos los ciudadanos. De este modo, demuestran o prueban que no buscan los cargos políticos para enriquecerse a costa del erario público y de la corrupción. Además, ningún exgobernante o político en ejercicio debe tener temor o miedo a que se investiguen sus cuentas o fondos; al contrario, debería estar encantado, porque se demostraría su completa inocencia si son lícitos.
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