Alzheimer y la atención a sus cuidadores
Enfermedad y dolor. Drama, mucho drama.
Cerca de dos millones de personas en España aparcan cada día sus necesidades y sus ocupaciones para atender a los 800.000 afectados por la enfermedad de Alzheimer. La adversidad que ocasiona esta patología no es sólo el olvido que va borrando progresivamente los recuerdos de quienes la padecen. Tanto o más grave es que aísla y recluye a quienes consagran su vida por cariño y responsabilidad a cuidar de estos enfermos.
Abandonar sus quehaceres y tareas domésticas significa con excesiva frecuencia desatender a otros familiares e incluso descuidar la atención personal de uno mismo. Siete de cada diez cuidadores se enfrentan al riesgo de enfermar por sobrecarga de trabajo. Y tan elevado es el desinterés que demuestra la Administración pública que la inmensa mayoría de los 180.000 cuidadores a los que oficialmente la ley de Dependencia les había reconocido el privilegio de que el Estado subvencionase sus cuotas a la Seguridad Social, para en su día tener derecho a jubilación o incapacidad, que han desaparecido de sus listas y les ha disminuido las escasas ayudas que venían recibiendo.
El terrible drama humano de quienes han visto su horizonte vital reducido a atender a un enfermo afectado de alto grado de dependencia no parece ser prioritario para los responsables públicos, esos mismos que afirman que están alejando al país de la crisis.
Cuando alguno de esos vigilantes, custodios, o como se les quiera llamar, no puedan más y acaben ingresando en un hospital de urgencia, las estadísticas oficiales no asociarán ese riesgo y el elevado gasto que originará su estancia hospitalaria a su condición de cuidador de un enfermo dependiente ni con la negligencia a que fueron sometidos cuando sus problemas se podrían haber remediado con menor coste. La enfermedad de Alzheimer es muy dura tanto para el que la padece como para la gente que está a su alrededor.
Recientemente, leíamos en LA NUEVA ESPAÑA que en Asturias, donde la tasa de envejecimiento es la más alta del país, alrededor de 20.000 personas están diagnosticadas de demencia y una mayoría de ellas, el 60 por ciento, padece de Alzheimer.
Para mayor inri, puede que se culpe de inadecuada la utilización de los recursos sanitarios públicos y de la necesidad de implantar una nueva gestión privada para lograr una mayor efectividad. Pero todo puede resultar demasiado tarde.
Por favor, autoridades sanitarias, reflexionen sobre el tema. El problema es muy serio y, evidentemente, encaja en el marco de una responsable y obligatoria, me atrevería a decir, justicia social.
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