Un futuro sin pobreza
En 1984, un escape de gas de una fábrica de pesticidas de Bhopal (India), mató a más de 7.000 personas y afectó a centenares de miles en cuestión de días. Un cuarto de siglo más tarde, y después de 15.000 muertes, no se han depurado responsabilidades por el accidente y sus desastrosas consecuencias, que continúan afectando a la población y al medio ambiente, ni se ha limpiado la zona.
En Angola, miles de personas que huyeron de la guerra civil que asoló el país hasta 2002 construyeron casas en asentamientos informales en Luanda, la capital. El gobierno no se preocupó de regularizar su situación ni de proporcionar servicios públicos. Sin títulos de propiedad sobre las viviendas, muchas de estas comunidades han sido desalojadas en los últimos años por las autoridades, sin mediar consulta y sin previo aviso. Algunas ni siquiera han sido realojadas, o lo han sido en lugares sin escuelas ni médicos. Periodistas que han intentado informar sobre estos desalojos forzosos hansido detenidos y maltratados por la policía.
En Perú, cientos de mujeres, niños y niñas que sufren la pobreza mueren cada año por complicaciones durante el embarazo y el parto. A pesar de que hay un servicio de salud oficial gratuito para las comunidades marginales, el índice de muertes por esta causa es uno de los más altos de América del Sur. Las mujeres indígenas que deciden no acudir a los centros de salud para dara luz, o que no pueden hacerlo, son multadas y se les niega la partida de nacimiento de sus hijos.
Estos casos evidencian que la pobreza no es algo inevitable, fruto del azar o del destino. La pobreza es en muchos casos inducida por la acción de gobiernos, y también de grandes empresas e instituciones financieras internacionales. La pobreza tiene responsables a los cuales hay que obligar a que rindan cuentas de sus abusos. Las violaciones de derechos humanos son con frecuencia causa y consecuencia de la pobreza.
En los últimos meses existe una gran preocupación por la crisis económica y aunque nadie está a salvo de sentir sus efectos, las dificultades de los países ricos no son nada comparadas con las calamidades que se ciernen sobre los países pobres. El Banco Mundial ha pronosticado que este año otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria el año pasado, con lo que se esfuman los avances logrados en los últimos 10 años.
No es sólo la economía, lo que estamos viviendo en la actualidad es una crisis de derechos humanos. La discriminación, la injusticia y la inseguridad, raíces de la pobreza, no pueden enfrentarse únicamente con medidas económicas.
Para conseguir un futuro sin pobreza, los gobiernos deben invertir en derechos humanos tanto como lo hacen para preservar el crecimiento económico. Las personas que viven en la pobreza están atrapadas, excluidas, bajo la amenaza de la violencia y la inseguridad. Respetar los derechos humanos significa reconocer que todo el mundo tiene derecho a vivir con dignidad. Los derechos humanos no son meras aspiraciones, sino obligaciones de carácter inmediato que los estados han asumido con las leyes internacionales que hna firmado.
Los derechos humanos son indivisibles y están interconectados. Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, vivienda, educación, salud y trabajo, están estrechamente relacionados con los derechos civiles y políticos. No se puede hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión si no se asegura el derecho a la educación, como tampoco se puede disfrutar del derecho a la vida sin tener acceso a la atención médica básica y a los medicamentos. La pobreza es una barrera para el acceso a la justicia, y a la fata de acceso a la justicia perpetúa la pobreza. Las minorías étnicas y religiosas, los pueblos indígenas, las mujeres o los enfermos de sida corren más riesgo de sufrir privaciones como consecuencia de las leyes discriminatorias.
Las personas corrientes debemos exigir que ningún estado socave los derechos de aquellos que están bajo su protección. Hay que cambiar políticas discriminatorias que ponen barreras a las personas empobrecidas cuando tratan de acceder a los recursos, los servicios y la justicia y establecer mecanismos efectivos de participación y consulta, así como garantizar los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta y la protección de los activistas de derechos humanos.
Amnistía Internacional acaba de lanzar una nueva campaña global, Exige Dignidad, cuyo objetivo es denunciar los vínculos entre la pobreza y las violaciones de derechos humanos que cometen gobiernos, empresas y otros agentes. Vamos a exigir dignidad para las personas, y vamos a exigir que los responsables de los abusos que conducen a los seres humanos a la pobreza respondan por sus actos.
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