Tribunal Constitucional, ¿jurídico o político?
Ayer, en prácticamente seis horas desde que la Abogacía del Estado presentó los recursos contra la ley catalana de Consultas y contra el decreto de convocatoria, el Tribunal Constitucional decretó su suspensión. Estoy convencido de que incluso antes de que se presentaran los recursos, ya tenían preparada su resolución.
Desde la óptica estrictamente jurídica, la suspensión de la ley catalana de Consultas y el decreto de convocatoria era algo que estaba cantado. Ayer, tras el recurso presentado por el Gobierno, el tribunal se limitó a aplicar el artículo 161.2 de la Constitución y, en base a la misma, suspende cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta y vinculadas a ella. Punto final. Ha prevalecido el Estado de derecho y, por tanto, no hay vuelta de hoja.
En lo que tengo muchas dudas es si, además del Estado de derecho, se ha aplicado el derecho del Estado. Y digo esto porque la extraordinaria velocidad del Tribunal Constitucional para resolver sólo puede entenderse desde un prisma claramente político. Me sorprende que al igual que siempre se ha mantenido impasible ante urgencias políticas, ahora resuelva en sólo unas horas. Entre tanto que mantiene una lentitud exasperante en actuaciones que afectan a los ciudadanos, como son la inconstitucionalidad de la ley de tasas judiciales o la inconstitucionalidad de recortes, o los cuatro años que tardó en pronunciarse sobre el propio Estatuto de Autonomía catalán, ahora resuelve sólo en unas horas.
Me sorprende también que la resolución del tribunal decrete una suspensión genérica, tanto con efectos retroactivos como posteriores. Tengo la impresión de que los miembros del tribunal han pretendido dejar un claro "aviso" a los dirigentes catalanes, al suspender no sólo la ley de Consultas y el decreto de convocatoria, sino también "los actos preparatorios, vinculados y similares". Con esta decisión, el tribunal no tiene en cuenta que cada acto administrativo tiene su tiempo y que existen mecanismos de impugnación concreta para cada uno de los actos, en el momento en que surgen y no antes. Creo que resumen que por razones políticas se trata de cerrar las puertas a estos actos, antes incluso de que se produzcan.
Concluyo diciendo que no se precisa de amplios conocimientos jurídicos ni de dotes adivinatorias para saber que el tribunal, en su momento, estimará la inconstitucionalidad de las resoluciones catalanas que ayer ha suspendido. No obstante esto, lo que también tengo más que claro es que la "política" ha estado presente en el Tribunal Constitucional. Se ha montado un circo político que probablemente terminará su función en el momento en que se llegue a una salida negociada del conflicto creado por el señor Mas y estoy convencido de que esa salida será aceptada por el presidente catalán, para evitar que caiga sobre sus espaldas la estimación del recurso de inconstitucionalidad de sus resoluciones.
A mi juicio, la credibilidad del Tribunal Constitucional queda cuestionada desde el momento en que hoy se mueve a toda velocidad por razones políticas, entre tanto tarda años para resolver cuestiones estrictamente jurídicas que afectan a todos los ciudadanos.
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