Caso Catalunya
Ángeles Caso publica en el magazine dominical de LA NUEVA ESPAÑA un artículo sobre el proceso secesionista de Cataluña. Si creo haberlo leído bien, el cogollo de su tesis derecho a decidir- es que pronunciarse, votar, es un derecho sustancial e ilimitado de la ciudadanía, que no se puede constreñir, por miedo a la siempre legítima y sabia voz del pueblo, invocando legislaciones siempre sometibles y sometidas a interpretación y revisión y adhoquización y violación.
Supongo que, según tan laxo y complaciente criterio, la Sra. Caso vería como ejercicio de un no menos legítimo derecho e hilvano tópicos - que parte de su vecindario se pronunciara sobre si asume o no los compromisos de la comunidad, y si fija o no autónomamente los criterios para administrar a su bola los elementos comunes. Es de suponer que a la Sra. Caso le parecería bien que parte de los profesores de la Cátedra Jovellanos esgrimiera la potestad de pronunciarse sobre su segregación de la Universidad de Oviedo para formar otra institución autónoma, arrastrando en su aventura al resto del claustro, quisiéralo éste o no. Supongo que a la Sra. Caso también le parecería legítimo que lo más selecto de Somió se negase plebiscitariamente a tributar por servicios sociales que mayoritariamente ni necesitan ni usan. O que unos cuantos ultras exigiesen la posibilidad de votar si se crean gulags para inmigrantes ilegales o simplemente si se les pone en una patera de vuelta. O que se pudiese reconsiderar la cadena perpetua preventiva para el lumpen que tanto ofende al lider de Podemos, o sobre la pena de muerte para violadores y pederastas, o sobre la eutanasia de minusválidos e impedidos. A fin de cuentas, sobre la viabilidad de nonatos también se postula- y con éxito- el derecho a decidir por ovarios, sin consultar a los interesados ni atender la voluntad de las urnas.
¿Desde cuándo vale tanto el voto de un progresista como el de un conservador?
Opinar libremente es un derecho. La libre expresión también, aunque acomodada y atemperada por el contraste y sometida al conflicto de intereses. Pronunciarse sobre lo que a uno no le corresponde es una osadía. Tratar de suplantar excluyentemente la voluntad de terceros en cuestiones de común concernimiento es un abuso. Hacerlo fuera de los márgenes de la ley es un atropello delictivo. Interpretar interesadamente la ley por juristas en nómina del poder político es una prevaricación. Mirar para otro lado o eludir responsabilidades es una cobardía, y, en el caso que nos ocupa, una traición de lesa patria (si es que traición y patria significasen algo en la España desestructurada del XXI).
Es bien sabido que Ángeles Caso es una excelente escritora que aborda la vida y la literatura con sus atributos bien plantados, y que borda los argumentos históricos aderezando rigor con valor y sensibilidad. Sin embargo, cuanto más próximos le son los temas, las querencias y los sesgos dejan su rastro.
En este caso no creo que Angeles Caso haya hecho demagogia o buenismo, ni que publicar donde publica la haya abducido para la causa catalanista, ni que ignore lo que es un Estado de Derecho, ni que sea una relativista moral. Y si hay que votar al respecto, voto que no. Simplemente creo que Doña Ángeles es buena y frecuentemente ejerce de más, y no repara en que, en ocasiones, tanto buenos como necios sirven en bandeja las coartadas a los menos buenos, a los malos y a los delincuentes.
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