Pena de muerte y discapacidad mental e intelectual
Askari Abdullah Muhammad fue ejecutado en Florida el 7 de enero de 2014 por un asesinato cometido en prisión en 1980. Tenía un largo historial de enfermedad mental grave, que incluía el diagnóstico de esquizofrenia paranoide.
En Japón, Hakamada Iwao, ahora de 78 años, fue condenado a muerte por asesinato tras un juicio injusto en 1968, y es el preso que más tiempo lleva condenado a muerte del mundo. Desarrolló graves problemas de salud mental durante sus décadas en régimen de aislamiento. Fue puesto temporalmente en libertad en marzo de 2014 en espera de un posible nuevo juicio.
Mohammad Asghar, a quien se había diagnosticado esquizofrenia paranoide en Reino Unido en 2010 y que después se trasladó a Pakistán, ha sido declarado recientemente culpable de blasfemia y condenado a muerte en este país.
Para el Día Mundial contra la Pena de Muerte de este año, Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte han puesto el foco en la pena capital y las personas con discapacidad mental o intelectual. Aunque es una realidad poco conocida, países de todo el mundo siguen condenando a muerte o ejecutando a estas personas, en una clara violación de las normas internacionales. Concretamente, Amnistía Internacional ha documentado casos de personas que sufren ese tipo de discapacidad y que se enfrentan a la ejecución o han sido ejecutadas en países como Japón, Pakistán y Estados Unidos. A menos que estos países reformen urgentemente sus sistemas de justicia penal, muchas más personas seguirán en peligro.
Las normas internacionales sobre la discapacidad mental e intelectual son una importante salvaguardia para las personas vulnerables. No pretenden disculpar crímenes atroces, sino que establecen parámetros para el tipo de pena que se puede imponer. Estas normas establecen claramente que quienes sufren discapacidad mental e intelectual no deben enfrentarse a la pena máxima. Por ello, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones deben garantizar que existen recursos para realizar evaluaciones independientes y rigurosas a todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte, desde el momento en que son acusadas y después de que se dicte la sentencia.
Los gobiernos de todos los países que aún recurren a la pena de muerte deben dictar de inmediato una suspensión de las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición. Lo que ponemos hoy de manifiesto es un ejemplo más de la injusticia de esta pena.
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