Despilfarro autonómico
Parafraseando al líder de la formación Podemos, debemos hacer una auditoría de la deuda, totalmente de acuerdo, bajo mi punto de vista habrá que pedir responsabilidades civiles y penales a las personas o grupo de personas que generaron una deuda ilícita, por un mal comportamiento en la gestión de recursos públicos. La deuda de las familias, en ciertos casos se genera por una mala administración entre ingresos y gastos, lo que conlleva a un desahucio por el impago de la misma.
La descentralización autonómica ha servido al aumento de la misma de forma exponencial, pero hay que demostrar mala fe, cohecho, tráfico de influencias, malversación, etcétera, para como mínimo sean imputados, a las familias directamente se les desahucia y punto.
Desde el llamado Estado de las autonomías, la Administración central ha cedido competencias básicas a las autonomías: educación, sanidad y asuntos sociales. Ha privatizado empresas monopolistas: eléctricas, Telefónica y energéticas. La finalidad era la libre competencia, no ha existido con el acuerdo de precios de los principales operadores de estas áreas.
Regiones como Asturias, cuya fuente de riqueza era la quema de combustibles fósiles, siderurgia, pesca, agricultura y ganadería, se ha convertido en una región subsidiada con recursos públicos, por el cierre de forma masiva de dichas fuentes de riqueza.
La política del despilfarro, corruptelas, clientelismo, nos ha llevado al empobrecimiento de la población y al enriquecimiento de unos pocos, que se han aprovechado de este desaguisado, como ejemplo más claro los llamados fondos mineros, también llamados estructurales, donde el despilfarro ha sido evidente, ejemplos como la ampliación del musel, Autovía Minera, variante de Pajares, Niemeyer, Hospital Central, etcétera..., dinero que debía destinarse a la reindustrialización de las zonas afectadas, es decir, las cuencas mineras, con la creación de nuevas empresas donde primaría la investigación, desarrollo e innovación, para ser competitivas en el mercado exterior, la generación mejor formada y tirada al retrete, realmente estos miserables deberían pagar este despilfarro con embargo de todos sus bienes y de sus allegados beneficiados, penas de cárcel sin derecho a ninguna clemencia. Seguro que la próxima vez las personas encargadas de gestionar fondos públicos se lo pensarían dos veces antes de prevaricar de esta forma.
Por último lanzo una pregunta al aire: ¿con esta descentralización tenemos una mejor educación, sanidad y servicios sociales después de ser transferidas?
Francisco Javier Fernández Díaz
Mieres
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