Desvergüenzas nacionales
Seguro que si viviera nuestro muy ponderado don Benito Pérez Galdós, iniciaba una nueva serie de sus "episodios nacionales" para insertar en ella muchos sucedidos que se están viviendo actualmente en esta España contemporánea que, en ocasiones, parece querer desmoronarse. En esa gama, indudablemente, tendrían cabida muchos casos de corrupción: Gürtel, Palau, ERE, Pokémon, el engaño del clan Pujol, las tarjetas "black" de Caja Madrid o el presunto fraude cometido por el sindicalista histórico asturiano Fernández Villa, por citar solo unos pocos ejemplos.
Asimismo, don Benito pondría su mirada en dos hechos ocurridos recientemente como consecuencia de la actuación de dos instituciones y que resultan bastante incompresibles para el ciudadano de a pie.
Últimamente, se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inhabilita al juez Elpidio Silva por prevaricar realizando una "persecución inquisitorial" contra Miguel Blesa. Ese mismo día los medios informaban que el expresidente de Caja Madrid logró un millón de euros en créditos sin avales ni comisiones, al tiempo que relataban algunos despilfarros de este personaje con la tarjeta"B".
Naturalmente, hay que creer en la justicia y acatar las sentencias, pero, no obstante, somos muchos los que nos preguntamos: ¿por qué la misma justicia que condenó al juez no siguió investigando la compra más que sospechosa del City National Bank of Florida y otros desmanes del citado Miguel Blesa? El juez Silva fue expulsado de la carrera judicial y el señor Blesa, que colaboró en gran medida con la quiebra de Caja Madrid, sólo está imputado por las tarjetas opacas.
Circunstancias humanitarias aparte, es obligación de la Agencia Tributaria ser diligente en la persecución del fraude y el cobro de deudas, pero, ¿por qué no se actuó con esa misma celeridad en desmantelar el sistema de las tarjetas B de la caja madrileña, que conocía y no investigó?
Va a ser verdad lo que revelan algunos técnicos de Hacienda: que las inspecciones se centran en los asalariados y pequeñas y medianas pymes, cuando el fraude se produce especialmente en grandes empresas y fortunas. La doble cara de medir en actuaciones como éstas favorecen a los responsables de muchas infracciones.
Mientras, la gente honrada pierde la confianza en las instituciones y sobrevive desmoralizada viendo cómo se tutela la inmoralidad.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo