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Tarjetas de gratis total

26 de Octubre del 2014 - José Antonio Gutiérrez González (Piedras Blancas)

Sabido es que por, lo general, los directivos de las empresas disponen de tarjetas de crédito para gastos de representación, pero es de suponer que previamente ha debido fijarse un límite. Por eso sorprende, y mucho, que los miembros del consejo de administración de Caja Madrid pudieran derrochar sin medida, a su antojo. La otra cara de la moneda es que miles de personas de la clase trabajadora, que se privaron de viajes, de vacaciones e incluso de comer según qué cosas, perdieron los ahorros de toda una vida y que las cajas achacaron tales pérdidas al riesgo que conllevan ciertas operaciones financieras, y adiós; cuando por simple ética, ese detalle se tenía que advertir al cliente en el momento de firmar la inversión. Sin embargo, parece ser que en numerosos casos no se hizo.

¿Razones? Se barrunta una conexión sospechosa entre el uso de las llamadas tarjetas opacas y el fraude de las preferentes. ¿No será que éstas fueron una trampa ideada por ingenieros de finanzas para llenar el amplio y vergonzoso depósito del que iban nutriendo con estas tarjetas?

Para más inri, en 2012, el Gobierno tuvo el gesto de rescatar a Cajamadrid valiéndose de los consabidos recortes. Y no dejo de preguntarme: ¿cómo es que los directivos, componedores de tamaño desastre, fueran premiados con sumas millonarias?

Sólo me quedo con la decisión del presidente de la Bankia nacionalizada, José Ignacio Goirigolzarri, de abolir las tarjetas y promover el informe interno que acabó en la mesa del fiscal.

Eso viene a demostrar que cuando se quiere, se puede. Porque lo demás es como para seguir tirando de la cadena, ya que el olor a podrido en la vida pública forma una toxicidad insoportable sobre millones de honrados españoles que sudan a diario para llegar justitos a fin de mes. Por no hablar de gran número de parados o de personas en riesgo de pobreza.

Sí, pongo el acento en el gesto del máximo responsable de una entidad cuyo saneamiento público nos ha costado 22.400 millones de euros. Y hablo de la lucha contra la corrupción. El Partido Popular anda dándole vueltas a un plan de regeneración y el PSOE, por boca de Pedro Sánchez, anunciaba últimamente la elaboración de un código ético.

El cielo está lleno de planes para acabar con toda clase de prácticas corruptas. Ahora toca hablar de aforamientos, incompatibilidades, indultos y puertas giratorias, pero la disculpa siempre más o menos es la misma: “No toleraremos corruptos en nuestras filas”, “Estamos dispuestos a terminar con la corrupción”, “Seremos implacables”, y más bla, bla, bla...

¿Dónde queda para todos ellos el compromiso de honradez pregonado por sus respectivos partidos, sindicatos e instituciones del Estado? Y, lo que es peor, ¿cómo es posible que 86 personas, durante nueve años, practicaran el gratis total a costa de ahorradores, preferentistas e hipotecados?

¿Por qué los ex presidentes de Cajamadrid y Bankia, ahora imputados, cobraban tan generosos emolumentos? ¿Por su formación e información para saber por dónde evolucionaría el sector? ¿Han admitido responsabilidad en el agujero que hubo de ser tapado con cientos de millones del dinero de todos? ¿Reconocieron haber tenido algo que ver con el escándalo de las preferentes? ¿Es persecución o puro populismo que la cúpula que les sucedió llevase al FROB lo que a ellos les pareció normal?

Por favor, señores del Tribunal Constitucional, dicten rápida sentencia que obligue a estos granujas a devolver los más de 15 millones de euros dilapidados. Así, entre otras cosas, podremos creer que aún queda justicia en nuestro país.

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