Día Internacional de los Pueblos Indígenas: ¿qué ha pasado en el Perú?

El artículo 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada, junto con otros doscientos Estados, por el Perú en setiembre de 2007 dice así:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

A principios de julio pasado, tras dos meses de tensión creciente, explotó el conflicto en la región de Bagua, situada en la Amazonia Peruana: varias decenas de muertes -más de cincuenta- algunos casos de personas desaparecidas, muchas detenciones ilegales, malos tratos,, se declara el estado de sitio, se remueven todos los poderes del Estado, se activan las alarmas en los grupos de presión, también las de las organizaciones de justicia y derechos humanos y, asimismo, en Naciones Unidas se promueve la intervención del Relator Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y del Comité para la Eliminación de la toda forma de Discriminación Racial.

Desde unos meses antes, el Gobierno del Perú había venido modificando el estatus jurídico de una vasta zona de la selva amazónica peruana: de marzo a junio de 2008, previa delegación del Congreso, llegó a emitir más de 100 decretos al objeto de facilitar el despliegue del Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América. Las organizaciones indígenas protestaron en contra de 11 de estos decretos legislativos, tanto por razones de contenido modificaban el régimen e propiedad de la tierra y del agua- como por el hecho que no se habían realizado las consultas preceptivas con anterioridad a su promulgación.

El objetivo del Gobierno era vender o realizar concesiones de los territorios -propiedad real de unos 60 pueblos indígenas (alrededor de 700 mil habitantes)- para la explotación maderera, la producción de energía eléctrica mediante la construcción de represas, las prospecciones petrolíferas y la ocupación de la franja costera de mar cuyos bancos y pasos marítimos sirven hoy a las pequeñas flotas locales de la vertiente del Pacífico de la Amazonia Peruana.

El Gobierno lo ha hecho saltándose la legalidad internacional y obviando tratados a los que el Estado peruano está adherido y, sobre todo, lo estaba haciendo en contra de los derechos fundamentales y de los intereses de quienes son titulares del territorio objeto de las pretensiones de intervención de las corporaciones industriales transnacionales.

Los argumentos del Gobierno pueden suponerse pero, por supuesto y por delante, el desarrollo económico del país, como si los pueblos indígenas no fueran país o como si debieran de subordinarse sus derechos, entre ellos el derecho al desarrollo, a la supuesta prosperidad que la sobreexplotación del territorio, y la consiguiente contaminación del suelo, la desaparición de millones de hectáreas de masa forestal o la anegación de otras bajo las represas, pudieran traer algún plus de seguridad y mejora para estos pueblos y para el resto de la población peruana.

El conflicto en su expresión más cruenta duró poco tiempo, las dos semanas que median entre el 5 y el 19 de julio y no por casualidad. El día 4 de julio el Congreso peruano tenía previsto discutir y, presumiblemente, derogar, los dos decretos de máxima contestación. Sin embargo la sesión fue suspendida y este fue el detonante de la violencia. El día 19 de julio, en sesión extraordinaria del Congreso, esos dos decretos rechazados por la población de Bagua fueron derogados: la tensión se relaja.

Pero por medio han quedado entre 50 y 100 muertes y un marco de desconfianza y malestar social que tardará en restañar.

Una vez más, el derecho no ha servido para nada: han tenido que ser las movilizaciones populares las que, a un precio altísimo en vidas y desgaste, hayan logrado dar marcha atrás a la agresión, continua, sostenida, pertinaz, de los Estados hacia pueblos titulares de derechos.

Racismo y discriminación, junto con las consecuencias prácticas de un modelo de globalización económica exclusivamente basada en el mayor beneficio, en el menor tiempo, para unos pocos, tratan de imponerse a la arquitectura de los derechos humanos y a conceptos y prácticas del desarrollo humano que nada tienen que ver con los intereses de estos que han provocado el pinchazo de la economía mundial y volverán a hacerlo cuando el nuevo ciclo, ese que se va a anunciar por los gurús correspondientes, alcance la presión debida.

Natalia Garcia Villanueva. Secretaria

Jose Fernandez Diaz. Tesorero

Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias