Derecho de familia y justicia

Llevo queriendo escribir esta carta aproximadamente tres años, pero coincidiendo estos días que han tenido lugar las Jornadas de derecho de familia en Gijón, donde abogados de familia y magistrados debatieron sobre asuntos concernientes a divorcios, custodias, pensiones, no puedo dejar pasar por alto relatar mi desafortunada experiencia, con el objeto de que alguno de esos actores pueda leerla y llegue a hacerle reflexionar, posicionarse al otro lado del estrado, más cerca de los que nos vemos arrastrados hasta allí en contra de nuestras voluntades.

En el año 2011 decidí poner fin a mi matrimonio y tomé la decisión unilateral de divorciarme, con dos niños de 1 y 6 años. El camino no fue fácil, ya lo creo, sobre todo porque no tuve en cuenta lo peor, superar cada día el castigo al que mi ex me sometería para saciar su venganza de hombre abandonado y despechado: demandas en los Juzgados, cancelación de cuentas bancarias y evaporación de capitales, o manchar mi nombre y el de mi familia allí por donde pasara.

Sólo una apreciación a modo de pregunta: ¿por qué ahora se cuestiona el trabajo que una mujer realiza para la casa y los hijos? Ahora todo se presume muy moderno y compartido, pero lo cierto es que la realidad, en la mayor parte de los casos, es bien diferente. Se presupone que la implicación y aportación de los cónyuges a la casa e hijos ha sido igual, cuando la mayoría de las veces esto es falso. Y falso era en el mío. Se sospechó de una mujer que, además de acudir cada día a su honesto trabajo, que, por cierto, era la fuente de ingresos familiar, se ocupó personalmente de su casa, de sus hijos, de las tutorías, deberes, médicos, actividades extraescolares... etcétera, y con un marido que sólo se dedicaba a cultivar su "body", incapaz de mantener un trabajo, cuando lo tenía, pues de todos lo despedían. También dicen que las mujeres se quedan con todo. Yo me fui con lo que me cabía en las dos manos: mis dos hijos y la ropa, en bolsas de basura. Asimismo, por extraño que parezca, cuando tuve que escoger ante el peligro -¿por qué creen que lo abandoné..?- no lo dudé, a pesar de lo que los legisladores opinen; hay que verse ahí, como yo.

Pues bien, ya no llevo la cuenta de las veces que me he tenido que sentar en una sala, escuchar barbaridades y mentiras y no poder ni tan siquiera gesticular (¡cuidado, no cometas el error, el juez podría tomarlo como desacato!), pasar por la evaluación del equipo psicosocial, que, por cierto, me dio la razón a mí. Tener que olvidarte del pudor, de la intimidad, justificar que eres una buena madre, capaz y responsable. ¿Acaso no era la mejor cuando estaba casada? Pues yo creo que sí, porque a mí se me adjudicaron los puestos de: directora de compras de alimentación, de comidas, de limpiezas del hogar, vigilante nocturna (si los niños lloraban la que se levantaba era yo), médico de familia y especialista en dolores varios, llantos y terrores nocturnos, estilista, profesora particular de Infantil y Primaria (incluidos los trabajos escolares de Navidad, Semana Santa, amagüestu), jefa de reparaciones y chapuzas caseras. Y todo esto, fuera de mi horario laboral en mi empresa.

Conclusión de mi paso por este calvario: unas medidas provisionales hasta el juicio de divorcio que conllevaron casi un año con una dichosa custodia compartida que mis hijos sufrieron con desconsuelo; con mi niño pequeño de un año y una recién diagnosticada enfermedad celiaca de la cual en el seno familiar nadie tenía información de cómo afrontarla aparte de mí. Casi un año durante el cual no podía mantener contacto con mis hijos durante los ocho días que vivían con su padre, porque éste me lo impedía.

Después llegó el juicio del divorcio y la sentencia fue otra. Ahora mis hijos están conmigo, el juez entiende que los niños deben estar con la persona que se ha ocupado siempre de ellos, su madre. Que deben seguir teniendo las mismas rutinas que tenían antes del divorcio. Y estableció un régimen de visitas y una pensión alimenticia para los niños. Hubo un siguiente juicio, pues su padre, sin trabajo aunque con suficiente patrimonio y liquidez como para vivir sin trabajar hasta la jubilación, pretende reducir la pensión a límites vergonzosos, 65 por cada niño, y perdió. Y apeló. Y la Audiencia, con un informe favorable al padre del fiscal del menor (siempre entendí que el fiscal del menor ha de defender los intereses de los menores, pues los de los progenitores los defienden sus propios abogados), ha considerado que a pesar de todas sus propiedades libres de cargas, del montante de sus cuentas bancarias con plazos fijos incluidos, prima sobre todas las cosas el hecho de que no tenga ingresos laborales, sentenciando la rebaja de 200 en la pensión de mis hijos.

¿Ha habido justicia? ¿Acaso debe aplicarse el mismo modelo de sentencia sin tener en cuenta las circunstancias concretas y personales de cada familia? Mis hijos y yo vivimos de mi nómina, modesta, en un piso del año 1968 muy modesto también y con muchas goteras porque no puedo costearme las obras, que deberé seguir pagando al banco hasta el año 2025, y no tengo ni cuentas a plazo fijo, ni percibo herencias, ni tengo coches de alta gama y mucho menos ninguna otra propiedad. Pero cada vez que el padre de mis hijos decide darme un nuevo zarpazo en los Juzgados, yo debo defenderme como la ley establece, costeándome unos abogados y procuradores. ¿Hasta cuándo? ¿Es de justicia que a pesar de no necesitar trabajar por su situación económica la Audiencia Provincial sentencie en favor minoris y le rebaje la pensión alimenticia a sus hijos por el solo hecho de no tener un trabajo? Y digo yo, sus señorías, ¿por qué no utilizan otras fórmulas para que los niños no se vean afectados, como, por ejemplo, bloquear una de sus cuentas con el fin de que mensualmente asegure la pensión de los menores, en tanto y cuanto el progenitor no regrese al mundo laboral?, ¿saben lo que supone económicamente la alimentación de un celiaco con respecto a una persona sana? En mi caso, no lo han tenido en cuenta, seguro.

Ruego que conozcan a fondo cada caso que deben juzgar y, sobre todo, que mediten antes de sentenciar. No sigan tendencias ni modas. Cada familia es un caso distinto de otro y las consecuencias de sus deliberaciones pueden llegar a ser desgarradoras. Su deber es hacer justicia a favor de los menores.