Control de lo público

La ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra. Y lo mismo podemos decir de los recursos públicos procedentes de nuestros impuestos que en vez de retornar en servicios públicos se pierden por las grietas de la corrupción ante la evidente falta de control efectivo de que adolece nuestra joven democracia.

Dirán que poco puede afectar a los ciudadanos o incluso podemos dejarlo en un monumental cabreo cada vez que enchufamos la televisión para quedarnos sin habla al contemplar cómo determinados directivos de cajas de ahorros gastaban con tarjetas de crédito en entidades que luego fueron intervenidas por el Estado para evitar su quiebra a costa de inyectar miles de millones de dinero público. Pero les diré que, de seguir así, estamos abocados al desastre.

Desde algún departamento universitario se han tomado la molestia de cifrar lo que al año se cuela por las grietas de la corrupción en nuestro país: nada menos que 10.000 millones de euros, casi el presupuesto de Agricultura para todo 2015 o lo suficiente para hacer 8 trenes AVE como el Madrid Valencia o 5 trasvases del Ebro en un año.

Pero la alerta máxima que evidencia que los controles no funcionan lo hemos podido comprobar en un buen número de instituciones públicas cuya falta de control del erario han supuesto torrentes de recursos dilapidados y que acaban por pagar los ciudadanos con recortes y una deuda histórica que supera el 100% de PIB.

La gota que colma la enorme falta de controles preventivos la ponía un chaval de 20 años que saltaba todos los controles en la ceremonia de proclamación del Rey, reunido con prestigiosos políticos y empresarios en nombre de quien se le antojaba en cada momento y supuestamente urdiendo una telaraña de tráfico de influencias con la que obtener beneficios.

Verán, la cosa es grave porque nuestro dinero, el que pagamos religiosamente, no está a buen recaudo por falta de controles preventivos, de la necesaria transparencia, de los medios adecuados y de la exigible honestidad a quienes son depositarios de la soberanía de los ciudadanos. Ni en la CNMV, ni en Hacienda, ni en el Tribunal de Cuentas, ni las auditoras externas e internas, ni en los propios partidos políticos han sabido garantizar el buen uso del dinero público sin que saltaran las alarmas ante la sospecha de desalmados con corbata y guante blanco. Y lo peor es que nadie asume su responsabilidad ni se plantea una revisión completa ante la magnitud de los fallos habidos.

Si después de saber cómo se utilizaban las tarjetas de crédito y los salarios que se autoconcedían los responsables de las cajas, no somos capaces de averiguar cómo, donde, a quiénes concedieron esas mismas personas los millones de euros en créditos fallidos y que ocasionaron enormes agujeros negros en los balances, estaremos abocados a la quiebra de la confianza y del propio funcionamiento del sistema.

Sin beberlo ni comerlo, los ciudadanos perdimos de las cuentas públicas más de 140.000 millones de euros durante pasado ejercicio, que podrían haber puesto alas a la creación de empleo en la economía real o a la salvación de familias arruinadas por el paro.

Es urgente, no sólo una ley de transparencia, sino las necesarias medidas de control preventivo que hagan posible las garantías en el ejercicio de lo público para que no exista ni un solo privilegio, ni la más mínima oportunidad para que un representante de la voluntad popular disfrute de una situación más ventajosa que el resto de los ciudadanos. Y es que muchos olvidan que su nómina la pagan los ciudadanos para que resuelvan los problemas que acechan a nuestro Estado del bienestar, a la educación de nuestros hijos y a las ayudas que precisan nuestros mayores o los hombres y mujeres del campo.

El control exhaustivo de cada euro de lo público no se puede demorar porque está en juego la misma democracia. De la misma forma que es preciso y urgente una profunda revisión salarial de los cargos públicos de este país, así como la dación de cuentas de sus funciones a sus electores /o ciudadanos. No es de recibo que quienes trabajan para defender a los trabajadores y parados se autoasignen pensiones fuera de toda lógica del sistema público, o que se atribuyan 1.800 euros por ser diputado de provincias mientras coleccionan pisos como bien se sabe por la reciente declaración patrimonial. Deberían entender que un eurodiputado no puede cobrar más de 8.000 euros al mes porque simplemente es una burla a la inteligencia de los ciudadanos.

Propongo, a quien corresponda, que tome nota de nuestro sector alimentario porque lo que hay que hacer en lo público ya está inventado, que es el control de cada euro público mediante su trazabilidad y controles necesarios, como bien hacen nuestros agricultores y ganaderos con los alimentos que producen. Si usted se come un filete de ternera, puede saber desde el nombre y las características de la res hasta dónde pastaba o los datos de sus antepasados. Y lo mismo ocurre para el resto de alimentos, incluidos los pepinos, cuya trazabilidad permitió desenmascarar a los alemanes que trataron de inculpar a los sufridos agricultores almerienses. Una trazabilidad que permite saber todo tipo de detalles de los productos, de los controles establecidos, de las sustancias con las que fue tratada y de quien lo produce.

Creo una vez más que la ejemplaridad la dan nuestros ganaderos y agricultores, por su esfuerzo y sacrificio, por los controles establecidos para garantizar la calidad de sus productos, por la trazabilidad de cada cosecha, de sus tratamientos y pese a ello sufren la injusticia de unos precios que marca un mercado adulterado por quienes se llenan los bolsillos con el esfuerzo ajeno.

Y con todo, haciendo las cosas como corresponde, desde la honestidad, el control y al servicio de lo público, será posible que algún día salgamos de una crisis que ha puesto de manifiesto que existen demasiados egoísmos y corruptelas por falta de control y de voluntad de depurar todas las responsabilidades. Y así no será posible salir de este agujero. Al menos, de momento.