25 de noviembre
En lo que va de 2014, 45 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Catorce de ellas habían puesto denuncia y sólo tres contaban con orden de protección. En ese mismo período, 32 menores se han quedado huérfanos por la violencia de género. Desde el 1 de enero de 2003, según los datos oficiales, 757 mujeres han sido asesinadas.
Aunque la entrada en vigor de la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (ley integral) supuso un gran avance, estas cifras hacen difícil celebrar con optimismo el décimo aniversario de esta ley. Otros datos preocupantes son: que desde la creación de los Juzgados de violencia en 2005 y hasta 2013, el número de sobreseimientos provisionales (archivos del procedimiento por no quedar acreditados los hechos) se ha incrementado un 158 por ciento; que el número de denuncias y el de órdenes de protección ha ido cayendo año tras año; o que el porcentaje de sentencias condenatorias ha descendido hasta situarse en el 50 por ciento en 2012, diez puntos por debajo del porcentaje registrado en 2006. Es necesario que, tras ocho años de funcionamiento de este tipo de Juzgados, se hagan evaluaciones que intenten aclarar el significado de estas cifras.
Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para intervenir, pero, además, es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia. A lo largo de estos años, Amnistía Internacional ha denunciado la persistencia de obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a la justicia, como son: las deficiencias en las investigaciones de oficio, la falta de protección adecuada a las víctimas o incluso los prejuicios a los que se enfrentan cuando deciden denunciar.
La formación de profesionales de la abogacía o la judicatura en igualdad de género, no discriminación y violencia de género es insuficiente e insatisfactoria, lo que contribuye a que persistan prejuicios discriminatorios en el sistema de justicia penal, y eso se traduce en la creencia de la "denuncia falsa".
El propio Consejo General del Poder Judicial en 2013 alertaba en los criterios de actuación judicial para la violencia de género que "con demasiada frecuencia se alude a que muchas de las denuncias presentadas ante los Juzgados de violencia de género se presentan para conseguir una posición ventajosa en la separación o el divorcio. Afirmación que no responde a la realidad y que cuestiona el derecho de las mujeres que la sufren a tener una tutela judicial efectiva". El número de condenas por denuncias falsas es insignificante. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2009 y 2013 se presentó un total de 657.084 denuncias, de las que sólo 33 terminaron con una condena de denuncia falsa, lo que equivale al 0,005 por ciento de las denuncias.
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