¿Dónde están los inspectores de Trabajo?
No habría tanto paro, ni tanta precariedad laboral, ni tanta escasez de recursos públicos si no hubiese economía sumergida. España es el paraíso de las mafias y de la economía sumergida, por lo que cabe preguntarse la función de los inspectores de Trabajo, cuya eficacia se pone de manifiesto en las escandalosas cifras de explotación laboral, fraude fiscal y descenso de la calidad del empleo y de la competitividad de las empresas.
¿Es aceptable que no se erradique la economía sumergida cuando en España hay más de cuatro millones de parados, miles de empresas que acaban cerrando y una considerable disminución de ingresos en las arcas públicas? Pues esto es lo que acontece en España, el país de la UE donde con mayor impunidad hay economía sumergida.
Como paradigma tenemos el caso de Asturias, donde junto al excesivo número de ayuntamientos, que suponen un excesivo gasto público y aumento de corrupción, nos encontramos con ochenta mil parados y muchos más trabajando temporalmente, a la par que miles de prejubilados y jubilados, con una pensión superior al salario de un trabajador en activo, realizando actividades lucrativas en todos los sectores productivos, por las que ni cotizan a la Seguridad Social ni declaran a Hacienda, junto al excedente poblacional del Tercer Mundo y Magreb, importado para congelar salarios y desmantelar los logros laborales y sociales, y que es contratado las más de las veces sin cotizar a la Seguridad Social. ¿Qué supone esto? La ruina de los trabajadores autónomos, el aumento del paro, la precariedad laboral. Pero también el cierre de empresas al no poder competir con las que actúan fuera de la ley.
¿Y dónde están los inspectores de Trabajo que no atajan este problema, dirás? Esa misma pregunta nos hacemos todos en Asturias, porque la proliferación de la economía sumergida alcanza tales niveles que podrían entrar a saco en el mercado laboral.
Como dato para la reflexión está la rama hostelera, donde abundan los contratos de media jornada a empleados que les obligan a trabajar más de ocho horas.
A la vista de lo anterior, lo que debe fomentarse es la delación, tal como se hacía en la Grecia y Roma clásicas, de tal forma que quien informe sobre un empresario o un particular que infrinja la ley, se embolse un porcentaje de la sanción impuesta al infractor. ¿Cuánto cuesta al contribuyente un inspector de Trabajo? Un delator resulta gratuito y es más eficaz, pues la avaricia le incentiva a trabajar a destajo.
Claro que la mejor solución es ajusticiar a un par de miles para que el resto coja miedo y se mantenga dentro del orden, con la ventaja de que las fosas comunes son más baratas que las cárceles.
La erradicación de la economía sumergida supone la creación de varios miles de puestos de trabajo, una mejora cualitativa en las condiciones de trabajo y mayores ingresos para las arcas públicas que destinar a pensiones y sanidad.
José María Álvarez
Trubia
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