Familias bajo los escombros
Durante la operación militar israelí "Margen Protector" del pasado verano, en la Franja de Gaza perdieron la vida más de 1.500 civiles palestinos, incluidas 287 mujeres y 519 niños y niñas. También murieron seis civiles israelíes, incluido un niño. Los indicios de que todas las partes cometieron crímenes de guerra se han ido acumulando día tras día. Israel atacó escuelas donde buscaban refugio miles de personas, hospitales, centros médicos. Los grupos armados palestinos lanzaron proyectiles de efecto indiscriminado sobre territorio israelí. Estos ataques están prohibidos por el derecho internacional.
Israel también arrasó con grandes bombas aéreas viviendas palestinas en las que murieron familias enteras. En algunos casos podría haber estado presente en el edificio un objetivo militar; en otras ocasiones parece que los ataques iban directamente dirigidos contra civiles o bienes civiles. En cualquier caso, la devastación de vidas y bienes fue claramente desproporcionada frente a las ventajas militares que se pretendían obtener y, por lo tanto, estos ataques no tienen justificación. Israel debe modificar sus métodos y tácticas militares para preservar las vidas de civiles y la no destrucción indiscriminada de viviendas, bienes e infraestructuras.
Pese a los fuertes indicios de crímenes de guerra, los responsables continúan disfrutando de impunidad. Para acabar con esta situación, es necesario que Israel permita el acceso a Gaza de la comisión internacional creada por la ONU para investigar las posibles violaciones de derecho internacional humanitario cometidas por ambas partes. Hasta ahora Israel lo está impidiendo. También es necesario que tanto la Autoridad Palestina como Israel acepten la competencia de la Corte Penal Internacional y se adhieran al Estatuto de Roma. También el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a la Corte Penal Internacional para que abra una investigación.
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