A vueltas con la Constitución

Se acaba de celebrar el trigésimo sexto aniversario de la Constitución española con un solemne acto conmemorativo en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, en el que, cada año más, se acrecienta la lista de ausentes en detrimento de la de presentes (es posible que lo de los pasos perdidos tenga alguna relación con ello). Amén del gran número de diputados y senadores que hicieron novillos ese día (o acaso se perdieron), es muy significativo que, de las 17 comunidades autónomas en las que estructura nuestro país, únicamente se haya contado con la presencia de cuatro presidentes. Es cierto que estamos en un momento en el que, por diversos motivos, nuestra Carta Magna está siendo objeto de continua polémica; pero, mientras esta exista, tal como está, sólo por el hecho de haber dado estabilidad a nuestro proceso democrático, merece el máximo respeto y consideración de todos, particularmente de aquellos a los que más directamente les ha estado dando de comer durante estos últimos años. Claro que, como dicta el refranero, es de bien nacidos ser agradecidos y, en la clase política, desafortunadamente, de estos abundan pocos.

Es obvio que nada puede ser para siempre, que las sociedades evolucionan, que lo que es útil hoy puede no serlo mañana y, en este proceso, las leyes no son una excepción; pero cuando se trata de la ley de leyes, como el caso de la Constitución, cualquier proceso de reforma, además de cumplir escrupulosamente con lo dispuesto en su Título X, deberá ofrecer mejoras sustanciales y tangibles para el conjunto de los ciudadanos, sin ahondar más en las diferencias ni favorecer a minorías, eliminando las injusticias que se han creado con la actual Organización Territorial del Estado que, además de ser origen y causa del descomunal despilfarro que se ha venido realizando de los recursos de la nación para satisfacer megalomanías de algunos políticos sin escrúpulos, favoreciendo el nacimiento y desarrollo de importantes núcleos de corrupción, ha supuesto, de hecho, la desigualdad en obligaciones y derechos entre los ciudadanos con dependencia de su lugar de residencia, en clara oposición con lo que se dispone en el artículo 139 en el que se manifiesta que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. No es de recibo que España, con una población inferior a los 47 millones de habitantes, tenga la más compleja estructura administrativa de Europa, superando en más de 20 veces a la que actualmente tiene Gran Bretaña a pesar de contar con más de 60 millones de habitantes.

Las inconcretas propuestas de algunos grupos políticos que piden reformas constitucionales, hablando de un Estado federal, confederal o medio pensionista (no parece que lo tengan claro), pretendiendo con ello dar soluciones a las tres crisis más importantes con las que estamos enfrentados: económica, política y territorial, es una broma de mal gusto. Sin olvidarnos, claro está, de otros populistas emergentes que no propugnan ninguna reforma, sino una nueva Constitución basada, según parece, en algo semejante a lo que hoy está vigente en países como Venezuela, de cuyo régimen, en algunas ocasiones, se han mostrado admiradores y devotos. Todo un conjunto de despropósitos sin sentido, pero que generan gran preocupación en todos aquellos que aún tienen los pies en el suelo.

En medio de tanta entelequia mental se encuentra la España real, con más de 4 millones y medio de parados que se están preguntando por qué razón no se cumple el artículo 35 que consagra el derecho al trabajo, o las personas que habitan en los más de 700.000 hogares en lo que no entra ningún ingreso con el que cubrir sus necesidades más vitales, cuando el artículo 128 garantiza que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, ¿o acaso no es de interés general que las familias españolas puedan comer? Todo ello sin olvidarnos de los miles de desahucios que se producen cada año condenando a la calle a muchas personas sin recursos, niños y ancianos incluidos, cuando el artículo 47 concede a todos los españoles el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A Todo este importante colectivo la reforma de la Constitución les importa una higa, lo que realmente les importa y preocupa es que se cumpla la vigente y que, desde los poderes públicos, se instrumenten las medidas necesarias para dar respuestas a sus necesidades y puedan recuperar la dignidad que les corresponde por su condición humana como ciudadanos de derecho. Parece ser que los políticos, instalados en su particular Olimpo, siguen estando ajenos a toda esta realidad, discutiendo sobre reformas que no parecen ir más allá de una justificación de su propia actividad, sin tener suficientemente claro ni su oportunidad ni su utilidad, para que, al final, todo vuelva a seguir como está, aunque, eso sí, incumpliendo para ello todo lo que fuese necesario. Lo importante es la letra, que, al final, la música suene bien o mal no parece que les importe demasiado. Alucinante, pero cierto.