La necesidades reales de las viviendas familiares
La vivienda es un elemento fundamental de primera necesidad en la vida de todas las personas y un derecho de todos los españoles establecido en el artículo 47 de la Constitución. A este respecto es criterio mundialmente aceptado que para evaluar las necesidades reales de viviendas familiares destinadas a domicilio permanente de hogares privados en un determinado periodo de tiempo, es necesario descartar las viviendas que no tengan esa finalidad, es decir, las destinadas a otros usos, ya sean como viviendas secundarias o destinadas a otras actividades económicas, o bien que en el momento de la cuantificación estén vacantes o desocupadas. Sin embargo, si se analizan los resultados de los programas de vivienda desarrollados en España durante las últimas décadas, se llega a la conclusión de que este criterio tan elemental, no se ha tenido en cuenta.
A finales de 2013 existían en España 25,4 millones de viviendas, lo que supone un parque de 547 viviendas por cada 1000 habitantes, llegando a construirse más de 15 viviendas anuales por cada 1000 habitantes, mientras que en el resto de los países europeos la media solo ha sido de 5 viviendas por cada 1000 habitantes. Este hecho no solo ha provocado que el parque de viviendas haya crecido de forma desordenada, sino que además la diferencia entre las necesidades de viviendas familiares demandadas por los ciudadanos y el incremento de viviendas construidas, se han ido distanciando, provocando que un gran número de las viviendas construidas no se corresponda con las necesidades reales de viviendas familiares. Estas políticas han provocado que actualmente un importante stock de viviendas no sean necesarias y también que como consecuencia de ello se haya producido un despilfarro de suelo y de recursos públicos que difícilmente podrán recuperarse. Por otra parte estas viviendas son excesivamente caras para que los colectivos con menor poder adquisitivo puedan acceder a ellas.
Esta lamentable situación nunca se hubiera producido si los políticos con responsabilidades en materia suelo y vivienda y las entidades financieras, hubieran actuado en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a criterios racionales y profesionales. Sin embargo, mientras que los primeros emplearon su cargo para la obtención de recursos con los que sanear las arcas municipales, gravando con insoportables cargas las actuaciones sobre el suelo que han provocando el encarecimiento del precio de las viviendas, las entidades financieras se dedicaron a conceder préstamos hipotecarios a los promotores de viviendas indiscriminadamente, sin considerar su solvencia profesional ni el destino de las promociones inmobiliarias para las que se solicitaban.
Urge por lo tanto reconducir el sector de la vivienda en España con el fin de poner en el mercado viviendas familiares que completen la demanda insatisfecha. Pero para que este hecho se produzca también es necesario que las entidades financieras rectifiquen la actitud que han adoptado con determinados promotores de viviendas desde el inicio de la crisis, denegando la financiación a promociones con protección oficial que fueron especialmente proyectadas para familias y que es inaceptable que no hayan podido realizarse. Actuando de esta forma en España, y también en Asturias, se ampliara la oferta de viviendas familiares asequibles, dignas y adecuadas.
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