La cruda realidad de los derechos humanos

Importantes las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del las FARC en La Habana, aunque los derechos humanos se siguen violando con impunidad en Colombia. No hay cese bilateral del fuego ni de las hostilidades, no se dialoga aún con el ELN y el EPL, ni hay voluntad política de acabar con el paramilitarismo.

El país no vive en una situación normal, ni de posconflicto, como la que presentó en noviembre durante su visita a Europa el presidente, Juan Manuel Santos.

Los datos de la ONU a septiembre de este año dan una idea de la gravedad de la situación: entre noviembre de 2012 y junio de 2014 hubo 1.233 acciones bélicas que afectaron a ciudades como Cali, Medellín, Tumaco y Buenaventura, y a regiones, como el Cauca, Arauca, Casanare, Antioquia, Córdoba, Caquetá, la costa pacífica y la región del Catatumbo. En ese período más de 300.000 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado, 596 lo fueron de minas antipersonal, 24.530 fueron asesinadas y 10.737 desaparecidas, 447 secuestradas, 336 víctimas de delitos contra la integridad y la libertad sexual, el 89 por ciento mujeres.

Se atacaron infraestructuras y bienes civiles (vías, escuelas, hospitales, acueductos, redes de energía eléctrica, infraestructura de petróleos, cultivos de alimentos) y más de 1.100.000 personas fueron sometidas a confinamiento con limitaciones a su movilidad, accesos a víveres, medicinas y combustibles.

Siguen los ataques contra dirigentes sociales, cuarenta fueron asesinados en los primeros nueves meses de este año. A 30 de octubre, la Central Unitaria de Trabajadores registra 78 amenazas, 15 atentados (como el que hicieron en mayo contra el sindicalista Luis Plaza Vélez, refugiado en Asturias hace un año) y 14 sindicalistas fueron asesinados.

Algunas de estas agresiones se dan en regiones de conflicto social por proyectos de inversión minero-energética rechazados por comunidades que se movilizan, a pesar de la represión, con métodos de guerra, al tiempo que la inequidad se agrava con los efectos de los tratados de comercio suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea.

La impunidad se mantiene y podría agravarse con el refuerzo penal militar; sin embargo, es un avance que un Juzgado penal del Circuito OIT haya calificado –en marzo– el asesinato de Luciano Romero Molina (refugiado en Asturias en 2004) como "crimen de lesa humanidad", condenando a seis paramilitares y a dos policías, aunque no sepamos aún quién ordenó su asesinato, ni el de tres mil sindicalistas en los últimos treinta años.

La esperanza para mejorar este panorama es que se acuerde en La Habana bajar la intensidad del conflicto. Urge pactar la diferenciación entre combatientes y población civil; la salvaguarda de la vida de la población civil, incluida la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y bienes; eliminar las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, sobre todo en las cárceles; respetar el derecho a la movilización y a la protesta pacífica, limitando el uso de la fuerza; disminuir el uso de las armas convencionales (bombardeos y ametrallamientos) y no convencionales (cilindros bomba y minas); no realizar ataques indiscriminados que generan terror en la población civil, no confinarla, ni bloquearla, ni hacerle padecer hambre como método de combate, ni dañar sus acueductos o instalaciones eléctricas, no ocupar escuelas, ni iglesias, ni hacer uso indebido de la misión médica; no secuestrar ni hacer desaparecer a personas; dar libertad a prisioneros de guerra y a presos políticos que estén en condiciones críticas de salud y no representen peligro para la sociedad; no usar la justicia para perseguir opositores; eliminar el servicio militar obligatorio y el reclutamiento de menores; no usar a la población civil como escudos, cocineros, vigías, mensajeros, espías o informantes, ni hostigarles para sacar información sobre el enemigo; eliminar las prácticas de agresión sexual; respetar los territorios y las poblaciones indígenas y negras, y proteger de manera efectiva a la población LGBTI, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

El problema de los derechos humanos en Colombia en enorme. Hay mucho por acordar y por hacer mientras se llega a un acuerdo que acabe con el conflicto armado interno. En tanto, conviene dar a conocer estas realidades, apoyar a las víctimas, reforzar la protección de los grupos más vulnerables y la acogida temporal –como la que brinda Asturias– a personas en riesgo por su actividad sindical o de defensa de los derechos humanos.