Un proyecto de ley que castiga la disconformidad
Mediante 181 votos a favor y 141 en contra se aprobaba el 11 de diciembre en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. Amnistía Internacional, que lleva meses haciendo campaña para denunciar las amenazas a la libertad de reunión, información y expresión que supondrá esta nueva ley, se suma a las voces que, por parte de la sociedad civil y de otras organizaciones, rechazan este texto.
El proyecto de ley otorga mayor poder a las fuerzas de seguridad, mientras que los ciudadanos contarán con menos garantías frente a la Administración, ya que, además de ampliarse el número de infracciones, muchas de las faltas pasan del ámbito penal al administrativo, que implica que algunas conductas recibirán sanciones más severas. Es decir, lejos de suponer un menor reproche sancionador, y como en el ámbito administrativo se supone la veracidad de los agentes, se teme que los ciudadanos cuenten con menos garantías de las que tendrían de ser juzgados en un procedimiento penal.
También la grabación de imágenes de abusos se verá limitada: los periodistas, activistas y la ciudadanía en general pueden ser sancionados con multas de hasta 30.000 euros por grabar o difundir datos de autoridades y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Frente a ello, el texto no contempla mecanismos de supervisión de la actividad policial, por lo que es previsible que la impunidad permanezca ante los abusos llevados a cabo por parte de la Policía.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Y es que el proyecto de ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas cuando no se cumpla con una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión.
Con este proyecto de ley no se está protegiendo la protesta en España, sino todo lo contrario: es una reforma que castiga la disconformidad.
Por otra parte, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana incluye una disposición que da cobertura legal a las denominadas expulsiones en caliente. Ante las recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que parece despreciar las preocupaciones que han expresado, entre otros, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Comisión Europea sobre la iniciativa de las devoluciones en caliente, Amnistía Internacional recuerda que no se trata de una cuestión humanitaria ni de sentimientos, sino de una cuestión de derechos humanos. La respuesta del Ministro es inadecuada e impropia para una autoridad que lo que debe es ocuparse de cumplir con la legalidad internacional y que tendría que respetar la labor de organizaciones reputadas de derechos humanos y aquellas que asisten directamente a las personas migrantes como único recurso cuando el Estado se ha desentendido.
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