Sin vergüenza
Hace unas semanas, varios políticos salían a la palestra para opinar sobre los sueldos de sus señorías. Desde la Vicepresidenta (a quien diversos medios atribuyen un enriquecimiento de 1.200.000 en siete años) que declaró no tener tiempo de gastar porque tiene mucho trabajo, pasando por Fernández Díaz, que dijo que Rajoy debería subirse el sueldo, pero que no era el momento y finalizando en la oposición por boca de Pedro Sánchez, que abogaba por bajar los sueldos de los altos cargos de la Administración, no vi a un solo político sonrojarse a la hora de soltar tales majaderías.
El viernes pasado me entero de que sus señorías cobran una dieta doble en diciembre, dieta que encubre lo obvio: la paga extra que se imponen.
Es vergonzoso y de una hipocresía inconcebible. Vamos a ver, señoras y señores diputados y miembros del des-gobierno: ¿cómo pueden ustedes osar hablar en público y defecar tanta inmundicia? Doy por descontado que ninguno de ustedes reparó en el disparate, pero ¿son ustedes conscientes de que el SMI (salario mínimo interprofesional) se acaba de fijar en 648,06 euros?, ¿no los avergüenza ser cómplices de que un parado de larga duración tenga que sobrevivir con 426? Vamos a ver, analicemos al señor Rajoy, presidente: partimos de la base de que su manutención está pagada al 100% (cosa que los parados o empleados no tenemos); aparte de eso tiene un sueldo de unos 72.600 euros a los que habría que añadir en dietas otros 12.187; eso es lo que sabemos; si a ello sumamos el negro que según los indicios que nos revela el juez Ruz están cobrando al igual que él varios miembros del PP, obtenemos como resultado, no un sueldo, sino un gran premio de la lotería.
No entiendo nada, vamos a ver: en un Estado democrático, el pueblo es soberano, vota y elige a sus representantes. Éstos, una vez acomodada su posición al sillón, se olvidan de que están ahí, para mejorar el Estado de bienestar (puntualizo, del pueblo); sin embargo, la apreciación del pueblo es que evolucionamos del ansiado Estado del bienestar al actual Estado de desahucio, sí, nos desahucian de las viviendas, de la sanidad, de la educación y hasta de la justicia; pese a todo, en el reino del Señor de los Hilillos, los orcos, con sus grasientas pezuñas, siguen sujetando el voto suicida pendiente de las urnas, hasta alcanzar un porcentaje que varía entre el 25% y el 30% de los decididos a expresar su voto.
Sigo sin entender nada: resulta que los escándalos de corrupción masiva en sus filas merecen que casi una cuarta parte de los votantes estén dispuestos a darles nuevamente su apoyo y posiblemente el Estado de desahucio degenere definitivamente en un Estado de estupidez definitivo, pero, bueno, voy a volver al grano porque me disperso: ¿Alguna vez llegará un político al poder que, viendo la situación de la sociedad, se diga “no podemos vivir con estos sueldos por encima de nuestros méritos”? Es decir, si el Estado del bienestar consiste en que se consoliden los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del dinero que aportamos a las arcas del Estado ¿cuándo se recortarán los sueldos, dietas y sobresueldos de sus señorías? Yo soy partidario de que éstos vivan como mucho con el sueldo que pudiera resultar de la suma del SMI + 426 recientemente aprobado. No es lógico que una minoría elitista acapare tanto poder, dinero y privilegios (aforamiento), mientras que los trabajadores ven desaparecer sus derechos laborales, su acceso a la sanidad, educación o justicia. Si plasmáramos en un gráfico el poder adquisitivo de los ciudadanos repartidos por rentas anuales, obtendríamos como resultado una figura con una cabeza diminuta, posiblemente la plasmación de la realidad cognitiva y racional del pueblo, que sigue ensimismado en siglas que, a la vista está, no nos están aportando absolutamente nada. ¿Es necesario recortar?... vale, si ésa es la solución, procedamos, pero empecemos por aquellos a los que la corbata se les ciñe con preferentes, a los que cuando acuden al WC se limpian con tarjetas black ¿por qué no les embargamos sus patrimonios en aras del bien común?, ¿por qué no impedimos que los expresidentes puedan acceder a cargo alguno en la empresa privada?, ¿por qué no pedir que una vez finalizadas las elecciones, el presidente electo firme ante notario las promesas electorales cuyo incumplimiento acarrearía a su partido una multa acorde al del incumplimiento del programa?... quizá sea una utopía, pero la realidad de hoy me recuerda la frase de Antoine Rivard: “Hay personas que de sus riquezas no tienen más que el miedo a perderlas”.
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