25 años de caza social en Asturias
Toda una efeméride de larga proyección en el tiempo desde su puesta en escena resistiendo proyectos de asalto y ruptura, la de una venerable, eficaz y garante ley de Asturias de la Caza, que es así como se la ha denominado a la singular y pionera norma que rige en la actualidad los destinos de la cinegética en nuestra comunidad asturiana, desde aquella lejana fecha de su aprobación en 1989, período fructífero donde los haya.
Cumplido el trámite de sus obligaciones, se debe resaltar la historia de un éxito incuestionable que ha supuesto el espíritu integrador de esta ley, que merece la pena conservar contra la presión de intereses o fuerzas en su deseo de abolirla.
En ese espacio temporal transcurrido, desde entonces, han sido años en que la caza ha tenido un impredecible e intenso movimiento social en nuestra comunidad, consecuencia directa de un prolífico proceso demográfico, catalogado como de un alto nivel poblacional alcanzado por las especies propias de su actividad con asentamiento en territorio astur.
Un hecho relevante, inesperado, que la naturaleza, por diversas causas, nos ha traído a los cazadores de esta región española trascantábrica para ser responsables adicionales en la gestión y aprovechamiento sostenible de unos recursos naturales de ricos matices faunísticos.
Parece todo un clásico la petición de reforma, de darle un nuevo impulso a la precitada ley; no es cuestión de que pueda permanecer inalterada. Esta carta de 1989 se puede, y tal vez se deba, reformar, pero siempre desde la convicción compartida de la vigencia de sus principios esenciales; en esto se tiene que ser cuidadoso para no perjudicar, inclusive excluir, a nadie creando barreras, si los conceptos de renovación no se hacen bajo el principio de otorgar el derecho legítimo que asiste a todo aquel ciudadano que desee practicar este deporte.
Un debate abierto de escasa demanda social, que se hace por la conveniencia de algunos intrusos y oportunistas en modificarla o que sucumba a la voluntad de unos pocos de jubilarla. Debemos avenirnos a algunos retoques de actualización; nada fácil, cargado de complicaciones, si tenemos en cuenta que pudiera estar sometida, dadas las circunstancias de composición política vigente, a bloqueo institucional. No han resultado baladíes las dificultades superadas en otras comunidades, sus respectivos gobiernos, en la tramitación de sus recién creadas leyes de Caza; factores de todo tipo entran en liza contraponiéndose, objeto de desavenencias y recursos con la finalidad prominente de dominarlas desde ideologías y métodos no compartidos.
Por eso, cualquier intento de diseño de una nueva ley de Caza para Asturias no debiera obviar la necesidad que se tiene de fortalecer las estructuras económicas y sociales de las gestoras cinegéticas, en este caso sociedades locales de cazadores, adoptando para ello medidas de apoyo oportunas que faciliten la viabilidad de estas instituciones, constituidas y ejercientes sin ánimo de lucro, que tan positiva labor han venido desarrollado sobre el control, protección y fomento de todo tipo de fauna silvestre en la comunidad asturiana.
Eduardo Bros Martínez
Oviedo
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