El consejero de Sanidad continúa bloqueando los tratamientos oncológicos

El consejero de Sanidad del des-gobierno de Asturias si algo nos deja claro a los ciudadanos que nos vemos en la obligación de lidiar con él es que entre sus virtudes no se encuentra la capacidad de diálogo, pero aún llama más la atención, y deberían hacérselo mirar, sus limitaciones para razonar.

Desde hace 20 meses mantengo viva la llama de una lucha, que va unida a la demanda de un fármaco, la cual me consta lleva dando mucho que hablar en ámbitos médicos, y por supuesto también en los políticos. Pues mi empecinamiento como ciudadano hizo que el consejero de Sanidad se viese en obligación a entrar en razón, desbloqueando uno de los fármacos oncológicos, que por capricho personal venía denegando a un indeterminado número de pacientes en nuestra comunidad autónoma y en estos momentos se administra a cuentagotas. Pero cuando estas demandas están más que justificadas documentalmente, habiendo para ello solicitado en primer lugar una resolución al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, para más tarde acabar pidiendo amparo a la Defensora del Pueblo. Todo esto en un país medianamente decente debería haber sido motivo más que suficiente para que alguien con un mínimo de sentido común hubiese pedido su dimisión, o en su defecto, quien lo nombró lo hubiera cesado.

La denegación de algunos fármacos oncológicos tomando como base su elevado coste y según el criterio que mantiene el consejero Faustino Blanco está ya denunciado hasta la saciedad, y como quedó ampliamente demostrado, no puede ni debe continuar haciéndose, aunque desde la Consejería de Sanidad continúan utilizando todos los resortes legales que tienen a su alcance para intentar que se produzca este gasto.

El Consejero mientras que pudo utilizo a los peones estratégicamente colocados en la Administración, en primer lugar al jefe de Farmacia del HUCA, desde aquí, se rechazaban las primeras solicitudes, y se firmaban las denegaciones, en base a criterios simple y llanamente economicistas. Después indicó a los jefes de servicio que no permitiesen a los profesionales solicitar dichos tratamientos, con lo cual no quedaría constancia documentada de haberse realizado solicitud alguna. Más tarde se escudó en la Comisión del Uso Racional de los Medicamentos, constituida claro está por el SESPA, y a las órdenes del Consejero. Posteriormente, y en un último intento para dejar fuera de juego estas solicitudes, creó la comisión ad hoc, por medio de la cual se quiso justificar ya lo injustificable, pretendiendo dar visos de legalidad a sus decisiones previamente tomadas, con la presencia de algunos profesionales, a los cuales no se tuvo en consideración, pues su postura fue siempre clara y contundente, ya que en su mayoría mostraron la necesidad de utilizar los fármacos que ellos mismos solicitan, pues cuentan con el respaldo de todos los organismos a nivel mundial.

Hace unos días que nos enteramos de un nuevo intento de rizar el rizo por parte del señor Blanco, el cual ahora ordena a los médicos no solicitar la utilización de medicamentos a la Comisión, sin el visto bueno de su jefe de servicio, claro que no deberíamos de perder de vista quién es el que nombra a estos jefes de servicio, algunos de cuyos nombramientos están recurridos ante los tribunales de justicia, y más de uno, anulado por sentencia firme.

El consejero Blanco ahora va mas allá, pues pretende que los profesionales oculten a sus pacientes la necesidad de disponer de tal o cual tratamiento, cosa que la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, obliga a que el médico responsable del paciente le garantice el cumplimiento de su derecho a la información, y señala a los profesionales que atienden al paciente durante el proceso asistencial, o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto, como los responsables de informarle.

Esto viene a demostrar la ligereza con la que está actuando el des-gobierno de Javier Fernández ante situaciones de extrema gravedad, como son las que se vienen denunciando desde hace meses, y que afectan directamente a la vida de los asturianos.

La dirección del HUCA pretende, asimismo, vulnerar el Real Decreto 1015/2009, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales y las obligaciones del médico responsable del tratamiento, que se indican en el mismo.

No es menos cierto que la ética del Consejero está lejos de los principios a los que lo tiene obligado su Juramento Hipocrático, pues teóricamente es Licenciado en Medicina, el cual a la vista de los acontecimientos, debería de ser de obligada renovación cada cierto tiempo.

Para finalizar, hace pocos días que la Asociación del Defensor del Paciente, de ámbito totalmente independiente, suspendió la gestión del Consejero, al tiempo que le advierte que bajo su gestión fueron capaces de empeorar los servicios de forma estrepitosa, por si esto fuera poco añade que ni la lista de espera quirúrgica ni la de pruebas diagnósticas cumplen con los plazos fijados de asistencia.

Mientras tanto, el presidente del Principado mantiene al Consejero en su puesto, y los partidos de la oposición, en su mayoría, continúan mirando para otro lado.