Colombia, ¡Devolvednos la tierra!
Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo y las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes. Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente. Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos.
Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley 1448, no se están tomando medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias. El proceso está siendo demasiado lento, e incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a sus casas. No basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio.
Para ello, el Gobierno colombiano debe tomar medidas. En primer lugar, contra la violencia. La Fiscalía General está investigando al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, pero es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor. En segundo lugar, contra la explotación empresarial. Poderosos gigantes empresariales nacionales e internacionales han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses económicos, incluso por medio de la adquisición ilegal de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, no se han tomado medidas para abordar la responsabilidad de las empresas.
Las viviendas y medios de vida de la gente se convirtieron en objetivo directo en el conflicto entre las fuerzas del Estado y la guerrilla en Colombia. El presidente Santos ha tomado algunas medidas en la buena dirección con la Ley 1448, pero ha llegado ya el momento de que proceda a garantizar que las personas expulsadas de sus tierras pueden regresar a casa y reanudar su vida con seguridad y en paz. El éxito de las conversaciones de paz, que recientemente han iniciado el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pasa por esta devolución.
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