Otro caso de acoso escolar
Parece ser como señala su diario que tiempo después del triste suceso ocurrido en el colegio Santo Ángel de Gijón, se ha producido un nuevo caso de acoso escolar en Asturias, ahora a una niña de 11 años de un centro público de Oviedo.
Es obvio que el acoso escolar es un problema en el que influyen múltiples variables que van desde las personales y psicológicas, hasta las escolares y sociales, y que por tanto una intervención adecuada debe abarcar todas ellas con la consecuente implicación de alumnos, familias, centro y servicios sociales. Pero no es menos cierto que, en ocasiones, la labor de las instituciones educativas parece más encaminada a deshacerse del problema que a atajarlo de forma eficaz.
Así, no es extraño ver casos en consulta donde la minimización y el ocultamiento por parte de los centros escolares, en ocasiones por desconocimiento y en ocasiones por las negativas consecuencias publicitarias que acarrearía para este que tal situación trascendiese, parecen primar sobre el intento de resolución del problema en la propia institución.
Y no deja de ser curioso que en este caso se haya producido de nuevo la que suele ser la típica solución estándar en procesos semejantes, el cambio de centro de la víctima, una nefasta estrategia que supone la culpabilización de esta (se envía el mensaje de que el problema está en ella), y un nuevo triunfo de los acosadores que ya se encargarán de difundir su hazaña al nuevo centro donde se escolarice, lo que puede propiciar el reinicio del ciclo de acoso.
Desgraciadamente, esta parece ser la maniobra más asequible y habitual ante las complicaciones y costes (no solo materiales, también organizativos) que puede originar el poner en marcha una estrategia global contra el acoso en un centro, más allá de las obligadas explicitaciones burocráticas en forma del Plan de Convivencia que se incluye en el Reglamento de Régimen Interno, y que no suele pasar de ser simple papel mojado para cumplir con la Administración.
Es vergonzoso que sea necesario recordar que un centro tiene que garantizar en sus instalaciones, en primer lugar porque está obligado por ley, la seguridad de los alumnos, y que debe velar porque las condiciones sean las más adecuadas para llevar a cabo las tareas de enseñanza-aprendizaje. Y es más vergonzoso aún que los padres tengan que comenzar un vía crucis legal y administrativo para algo tan básico como garantizar la seguridad de sus hijos mientras la Administración sigue limitándose a avalar la estrategia de derivar el problema, desentendiéndose del mismo.
Antonio Cervero Fernández-Castañón
Maestro, pedagogo y psicólogo.
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