La caída del Muro y la grave crisis socieconómica que vive el mundo
La publicación del “VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España”, de la Fundación Foessa, y del informe “Iguales: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas”, publicado en España por Oxfam Intermón, ha coincidido con la celebración del 25.º aniversario de la caída del muro de Berlín. Y, desde esa coincidencia, tiene cierta lógica preguntarse si ese gran acontecimiento tuvo algo que ver no sólo con los cambios en el panorama político mundial, sino en la evolución socioeconómica que ha conducido a la insostenible situación actual que denuncian esos informes antes mencionados. Tras el final de la II Guerra Mundial, en 1945, el mundo se escindió en dos grandes bloques con sistemas económicos opuestos: uno basado en la economía de libre mercado y el otro en la economía planificada. El primero tenía por lema la libertad y el segundo la justicia social, pero ni uno ni otro respondieron desde el primer momento a los principios que aparentaban defender. Sería lógico que ambos sistemas convergieran con el fin de acrecentar los respectivos valores, ya que no parece imposible compatibilizar la máxima libertad individual con la justicia social. Por el contrario, los sistemas socioeconómicos de uno y otro bloques continuaron su enfrentamiento (guerra fría), a la vez que echaron al olvido sus primeras directrices, alardearon de una democracia (a menudo ficticia) pregonada como un fin en sí más que como medio para la consecución de los ideales que proclamaban. La caída del muro de Berlín en 1989 supuso el fracaso del régimen comunista y, con él, la desaparición de los sistemas de economía dirigida, que ejercían como muro de contención para los excesos del liberalismo dominante en Occidente.
A partir de este momento, la mayoría de los países “socialistas”, como se autodenominaban, adoptaron el sistema político occidental, y la economía del mundo capitalista evolucionó desde entonces hacia el neoliberalismo, caracterizado por la desregulación: el mercado libre, sin trabas, y la fluidez de las transacciones financieras. El motor del sistema es la maximización del beneficio privado. La dinámica del capitalismo condujo a que el desarrollo del sector financiero, de la economía financiera, sea mucho más rápido que el del sector productivo, que es la economía real. Y el punto culminante de esa dinámica es el predominio de la economía especulativa sobre la economía productiva, apropiándose incluso de la terminología de esta última y acentuando así la confusión. Aparecen grupos financieros, holdings, que escapan a cualquier control o regulación y van transformando sus estrategias productivas en la llamada ingeniería financiera (maquinación financiera debiera llamarse con propiedad), que acaba convirtiendo la “gran economía” en una especie de casino universal, beneficio fácil, a corto plazo y con riesgo.
Las burbujas especulativas, la desconfianza, el éxito repentino y el colapso económico
El resultado lógico de este neoliberalismo o liberalismo salvaje son las burbujas especulativas, la desconfianza, el éxito repentino (boom), que desemboca en el colapso económico (crash), la crisis que hemos sufrido, cuyos efectos, en progresión creciente, conducen a la situación actual que analizan los referidos informes. Veremos que ambos coinciden en el diagnóstico.
Subtítulo: La necesaria reacción de la sociedad civil
Destacados: Las iniciativas para erradicar la pobreza deben enfrentarse a las decisiones políticas que generan y perpetúan la desigualdad
La clase política está obligada a promover la legalidad justa, a dar ejemplo y sentar las bases de la regeneración
La honradez individual y desde el Estado hasta las familias y desde los Ayuntamientos hasta las asociaciones, esenciales para el cambio
Según Cáritas, se ha comprobado que el crecimiento económico no resuelve la pobreza; las causas estructurales son los elementos definitorios (estructura productiva, educación…) y son los que deben variar. Es decir, existe una situación perfecta para los números, para la macroeconomía, pero resulta invivible para las personas. El núcleo central de la sociedad española, que llamamos de integración plena, es ya una estricta minoría. En los años noventa, con un crecimiento del 3%, en España había un 22% de pobreza. Hoy en día, la población excluida en España representa ya el 25%: más de 11,7 millones de personas. Y lo que es más grave: de ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa.
El informe de Oxfam dice que las 85 personas más ricas del mundo tienen actualmente la misma fortuna que los 3.500 millones de personas más pobres. La desigualdad no es un fenómeno nuevo, pero la desigualdad de ingresos y de riqueza dentro de cada país ha aumentado a un ritmo asombroso: 7 de cada 10 personas viven en países donde la brecha entre ricos y pobres es mayor hoy de lo que era hace treinta años. La brecha entre el 10% más rico y el 40% más pobre se está ampliando cada vez más en muchos países. Dos razones fundamentales, según dicho informe, provocaron este crecimiento explosivo de la desigualdad: el fundamentalismo del mercado y la captación del poder y de la política por las élites. “Uno de los defectos del fundamentalismo del mercado es que no les prestó atención a la distribución de ingresos ni al concepto de una sociedad buena o justa”, afirma Joseph Stiglitz. El dinero compra el poder político, que aprovechan los más ricos y poderosos para fortalecer aún más sus ventajas.
Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz, nos recuerda que la creciente desigualdad entre ricos y pobres se encuentra en un punto de inflexión: o bien se consolida aún más, poniendo en peligro nuestros esfuerzos de reducción de la pobreza, o bien llevamos a cabo cambios concretos que nos permitan revertirla. Y el mismo Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía, insiste: la extrema desigualdad en términos de renta y riqueza que existe actualmente en gran parte del mundo es perjudicial para nuestra economía y nuestra sociedad, y socava nuestra política… El informe de Oxfam nos recuerda, en un momento muy oportuno, que cualquier iniciativa que realmente pretenda erradicar la pobreza debe hacer frente a las decisiones sobre políticas públicas que generan y perpetúan la desigualdad.
El peligro de llegar a una situación catastrófica, difícil de predecir
La ugandesa Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam, resume la solución: muchos de ustedes se preguntarán si podemos hacer algo para cambiar esta situación. La respuesta es un firme sí. La desigualdad no es inevitable, es el resultado de decisiones políticas. El presente informe se centra en analizar las alternativas y medidas políticas que pueden revertirla: desde servicios públicos y gratuitos de salud y educación al alcance de toda la población, que garanticen que las personas pobres no quedan excluidas, hasta salarios dignos que erradiquen la pobreza entre los trabajadores, o una fiscalidad progresiva, de modo que los ricos paguen lo que les corresponde; y espacios de participación ciudadana protegidos, en los que las personas puedan expresar su opinión y tengan capacidad para decidir sobre la sociedad en la que viven.
La extrema desigualdad que denuncian ambos informes nos conduce de día en día hacia una situación catastrófica difícil de predecir. Para revertirla es necesario que la sociedad civil reaccione protagonizando la regeneración de la vida pública y social. Esta regeneración se debe fundamentar en la honradez individual, en el reconocimiento de la dignidad de la persona, y extenderse a toda la escala social y política, desde el Estado a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las familias, llegando hasta las personas y pasando por todo tipo de colectivos o asociaciones intermedias. La aplicación de estos principios en el mundo empresarial es ineludible para promover la justicia social. La clase política está obligada no sólo a promover una legalidad justa y obligar a su cumplimiento, sino a dar ejemplo y sentar las bases de dicha regeneración. Los medios de comunicación, los colectivos sociales y los ciudadanos en general estamos igualmente obligados moralmente a denunciar las injusticias que observemos y a renunciar a los privilegios injustos, legales o ilegales, de que disfrutemos. La movilización social que proponemos como imprescindible (repito las palabras de Winnie Byanyima) ha de contar con espacios de participación ciudadana protegidos, en los que las personas puedan expresar su opinión y tengan capacidad para decidir sobre la sociedad en la que viven.
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