No es privilegio, es dignidad
No es la primera vez que me veo en la circunstancia de tener que utilizar el recurso de la denuncia pública ante una situación absolutamente injustificada de agravio a los derechos y dignidad de mi familia. Soy consciente de que vivimos una época dura y difícil, donde los recortes de derechos y prestaciones sociales son la norma, consecuencia de una crisis económica y moral de la que no somos responsables los ciudadanos comunes, que, sin embargo, padecemos todos los efectos de la misma del modo más directo e inapelable. Probablemente, nuestro caso no sea el más sangrante e intolerable de todos los que se pudieran exponer a su atención. No obstante, guardar silencio ante hechos que resultan agravios para nuestro día a día y generan dolor en los nuestros es de todo punto imposible. Por esto, deseo denunciar la injusticia totalmente incomprensible que se va a cometer con nuestra hija por parte de las autoridades educativas del Gobierno regional utilizando criterios sólo basados en consideraciones burocrático-economicistas que consisten en suponer que la cada vez más escuálida asistencia social a necesidades fundamentales para dignificar la vida de muchas personas sólo puede atenderse administrando con cicatería insensible ayudas sociales cada vez más limitadas, en vez de atender las necesidades reales de los ciudadanos con justicia, recursos y apoyos suficientes sin despilfarro.
Mi hija de 12 años padece una enfermedad desde su nacimiento, por lo cual tiene reconocida una incapacidad del 33 por ciento desde julio de 2009.
Desde muy pequeñita, los médicos indicaron que necesitaría sesiones de rehabilitación fisioterapéutica, además de otras. Esto resulta imprescindible para su normal desarrollo e integración social. Desde su escolarización tenía derecho a ese tratamiento en horario escolar. No lo recibió más que durante el último año de Educación Infantil y durante la etapa de Educación Primaria solamente en 5.º y 6.º cursos, después de un largo proceso de solicitud a la administración educativa.
Recientemente, la Consejería de Educación nos anuncia la intención de retirarle esos 45 minutos semanales que parecen resultarles excesivos a nuestros responsables educativos en el momento que pasa al instituto para comenzar la ESO. Tenemos dos hijos más, somos una familia trabajadora y durante todo este tiempo hemos soportado con cariño y dedicación todo el coste que conlleva paliar la incapacidad de nuestra hija, y sólo hemos recibido esta limitada ayuda de la administración. Ella, por supuesto, sigue necesitando su tratamiento, pues así continúa indicado por el médico especialista, que es responsable del mismo. Para nosotros, esos 45 minutos representan un complemento a su tratamiento global y muy pequeño, por cierto, pero creemos nuestro el derecho a su mantenimiento y juzgamos incomprensible esta supresión del mismo. Esta injusticia de nada servirá y estamos convencidos de que no servirá para mejorar la situación de otras familias que pudieran estar más necesitadas; se trata de un recorte social más.
Por esta razón solicitamos publicar esta carta en su periódico y que al menos quede constancia de que no nos resignamos al silencio y que reclamamos simplemente que no se cometa otra injusticia más, esta vez a costa de la salud e integridad educativa de nuestra hija.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
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