Carreño y la dejadez
La pasada Semana Santa ocurrió un incidente que volvió a mostrar las negligencias que día a día se cometen en España en cuestión de materia animal.
Circulando por el concejo de Carreño, tuvimos que esquivar a un perro que corría desorientado por la carretera. Paramos el coche y bajamos para intentar cogerlo. Asustado, el perro se dirigió hacia la autopista y, por suerte, una familia detuvo su vehículo y nos ayudó a capturarlo a tiempo. Comprobamos que no portaba una chapa en su collar y en ese momento, de manera providencial, apareció una patrulla del Seprona de Colunga, que casualmente estaba en la zona. Procedieron a la lectura del chip y se verificó que al final carecía de identificación alguna.
La Guardia Civil avisó, como es pertinente, a la Policía Local de Carreño y éstos acudieron a la zona. Allí nos confirmaron lo que ya sabíamos: el municipio, al igual que tantos otros (véase el caso flagrante de Avilés, por poner otro ejemplo), no posee servicio de recogida de animales errantes. ¿Solución que nos proponen? Hacernos cargo nosotros.
Dejando a un lado que reconocemos la falta de recursos con la que tiene que trabajar la Policía Local de Carreño, al pertenecer a un Ayuntamiento al que le faltan voluntad y ganas, no entendemos por qué éstos:
-no recogen al animal cuando constituye un riesgo para la seguridad vial y dejan este asunto en manos de particulares.
-no se toman al menos los datos por si algún ciudadano lo reclama o lo está buscando.
-no se movilizan ante la carencia del recurso citado, como lo ha hecho la Policía Local de Oviedo, ante las supuestas deficiencias de la actual perrera.
Agradecemos sinceramente la actuación tanto de las personas que se detuvieron y se interesaron por el perro como la del Seprona de Colunga, que mostró su preocupación hasta el final, telefoneándonos incluso para asegurarse de que éste estuviera bien. También queremos dar las gracias a la protectora que lo ha acogido, a pesar de que se encuentra en una situación límite y no recibe subvención alguna.
Nuestra pregunta ahora es: ¿hasta cuándo la ciudadanía tendrá que seguir asumiendo las funciones de las administraciones? ¿La respuesta? La veremos en las urnas.
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