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La España de los corruptos

17 de Mayo del 2015 - Faustino Fernández-Escandón Álvarez (Sotrondio)

La estadística señala como principales problemas de nuestro país el paro, la corrupción y, en tercer orden, a los políticos y los partidos políticos.

Los partidos políticos no son otra cosa que un conjunto de individuos que, agrupados, intentan conseguir la consecución del poder político. A menudo los partidos ejercen la corrupción instalando a familiares y amigos ilegalmente en instituciones del Estado que controlan (estómagos agradecidos).

El origen histórico de los partidos políticos habría que buscarlo en Inglaterra –más concretamente en la dinastía de los Estuardo– y eran camarillas de arribistas que intentaban defender sus privilegios concretos.

El problema de la España actual está en la total ausencia de controles en dichos partidos, enfangados en ocasiones por pícaros y analfabetos que no necesitan otro requisito que alcanzar la mayoría de edad para, una vez obtenido el poder, medrar a su favor y obtener prebendas y privilegios de todo tipo.

Locke sostiene su teoría del Estado como mecanismo artificial y limitado, artificial por estar hecho por hombres y limitado por sus propios fundamentos. Nadie puede transferir a otro un poder superior al que él mismo posee (véase caso de un alcalde a un funcionario corrupto).

Si para Locke lo elemental es la prioridad de los derechos individuales frente al Estado, para Montesquieu es la desconfianza hacia el poder político. Montesquieu diseña un dispositivo dirigido a controlar el interior de la estructura del poder político.

Éste parte de la tendencia atávica del poder político a expansionarse y la experiencia empírica demuestra que todo individuo que posee poder se ve tentado a abusar de él. En definitiva, los tres poderes del Estado deberán actuar de contrapeso y que un poder frene a otro poder. Los abusos de poder en España originados en ocasiones por políticos cuasi analfabetos deberán obtener siempre el refrendo del poder judicial, que es el que otorga el fundamento del derecho que legitima la decisión.

Faustino Fernández-Escandón Álvarez

Sograndio

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