España y el maltrato animal
En un país que oscila entre los noventa días de pena por atar a un perro en la playa y esperar a que se ahogue con la subida de la marea (ocurrió en 2013 en Ayamonte y acaba de ser juzgado), y los treinta mil euros de salario (subvencionado) por torturar y matar a seis toros en una tarde, trofeos municipales por alancear hasta la muerte a uno en Tordesillas o comprar pichones para soltarlos y acabar con su vida en dos segundos reventándolos de un disparo, o en varios días dejando que se desangren con sus alas rota, el activismo por los derechos de los animales adquiere el carácter de necesidad urgente. Pero no hay que alarmarse, esta sólo es una cuestión ética, no vital, al menos para los humanos, porque está claro que se puede vivir sin sentir dolor ante el sufrimiento ajeno, incluso causándolo, ni tampoco rabia frente a la crueldad y ni siquiera vergüenza porque los crímenes vayan de la casi impunidad a la recompensa cuando las víctimas son de una especie diferente a la nuestra. De hecho se puede vivir muy tranquilo y hasta muy bien en España cometiéndolos. Unos, los ilícitos, porque están a precio de saldo, y otros porque aquí son al fin deporte, arte, espectáculo, diversión, o de interés social. Y porque los que mueren no votan ni pagan impuestos, aunque parte de los nuestro sí sirvan a menudo para que no dejen de matarse.
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