Conductores atropellados
Los propietarios de vehículos somos contribuyentes excepcionales a las arcas públicas, pues pagamos IVA e impuesto de matriculación cuando lo compramos, pagamos impuesto anual de circulación, ITV, más IVA e impuestos de reciclaje y recuperación de materiales cada vez que lo llevamos al taller, etcétera. Y todo ello aunque estemos desempleados.
Por si esto fuera poco, somos los principales objetivos del afán recaudatorio de los diferentes estamentos de la Administración, que se esmera en perfeccionar su legislación sancionadora con absoluto desprecio de nuestros derechos como ciudadanos y contribuyentes, pues todos sabemos lo absurdo e inútil que resulta recurrir una multa y los mayores perjuicios económicos que ello nos acarrea, incluso cuando se nos revuelven las entrañas por lo injustificado de la misma o sólo cuentas con el salario social para pagarla.
Una legislación que, lejos de permitirnos una conducción placentera y gratificante, nos obliga a ir más pendientes del cuentakilómetros que del entorno familiar o paisajístico, pues incluso una conversación normal con nuestro acompañante puede ser arbitrariamente sancionada como distracción.
Y todo en base a la gran mentira de que sólo velan por nuestra seguridad, pues los ayuntamientos persiguen únicamente el saneamiento de sus cuentas y tapar sus agujeros presupuestarios, el Estado hace lo propio en vez de destinar esa recaudación a mejorar vías y señalizaciones, y los agentes trabajan por objetivos.
Un día te cuentan que van a publicitar la ubicación de sus radares móviles y, al día siguiente, te los encuentras agazapados detrás de un 70 que nadie entiende para qué lo pusieron allí.
Por si esto fuera poco, las vías de circulación sufren un deterioro inadmisible, se realizan inversiones fraudulentas y se instalan progresivamente más y más badenes disuasorios que obstaculizan la circulación y que incumplen las normativas existentes, no permitiendo sobrepasar los 20 km/hora donde la limitación es de 50.
Cuando hablo de inversiones fraudulentas, me refiero, por ejemplo, al despilfarro llevado a cabo en la calle Hermanos Pidal de Oviedo, cuya duración y resultado a la vista está. O al material con el que han cubierto el tramo Olloniego-Riaño del corredor del Nalón, que es mucho más barato que una capa de aglomerado pero no corrige las irregularidades del deterioro sufrido por el firme de la carretera, que es sumamente abrasivo para los neumáticos y cuya excesiva adherencia obliga a un notable mayor consumo de combustible.
Unas tácticas y un ejercicio de los poderes legislativos que constituyen un auténtico atropello de los derechos de los ciudadanos que nos movemos dentro de un vehículo, porque la inmensa mayoría de nosotros no somos infractores ni delincuentes y, sin embargo, se nos persigue y acosa como tales.
Por supuesto que hay y habrá siempre accidentes, todos muy lamentables, pero el riesgo existe y no se minimiza despreciándolo ni añadiéndole distracciones como lo son la señalización excesiva en muchos tramos, la inadecuada e irracional en otros, o la búsqueda constante de radares camuflados.
Otro día podremos hablar de la formación de conductores, de la renovación de permisos, del sistema de puntos, de la obsesión prohibicionista o de la teoría del riesgo constante.
Por hoy, tan sólo pedir a las administraciones Local y Autonómica, y a la DGT unos minutos de recapacitación sobre sus políticas hacia los ciudadanos propietarios de vehículos.
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