La Religión, un derecho
Nunca, como hasta ahora, se le ha asestado un varapalo tan fuerte a la asignatura de Religión como ha ocurrido con la aplicación de la LOMCE en nuestra región. Las autoridades educativas del Principado han aprovechado la oportunidad de una nueva ley educativa, mal cerrada jurídicamente, para ponerse a la cabeza de España por su exigua carga horaria, tanto en Educación Primaria como en Secundaria. En el Bachillerato la cosa toma proporciones más que preocupantes, al desaparecer en segundo y al ser impracticable su optatividad en primero. Muchos alumnos y padres, que han querido cursarla en esta segunda etapa de la Secundaria, se han visto en un estado de perplejidad al no poder conciliar su elección con otras optativas específicas de cuatro horas semanales. La Religión, en este primer año del Bachillerato, está a la cola de las asignaturas específicas (es la única que cuenta con sólo una hora semanal) y a la cola de las asignaturas de libre configuración, pues, a diferencia de éstas, no tiene continuidad en segundo de Bachillerato.
No se trata de un mero dislate, de un simple error de cálculo. Es una clara maniobra intencionada dirigida contra un derecho inalienable que adorna a alumnos y padres. Si la Religión está en los acuerdos contraídos entre el Estado español y la Santa Sede, lo está en virtud de lo que reza el artículo 27,3 de nuestra Constitución: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Ciertamente, la Constitución española rubrica este derecho en sintonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y claramente lo expresa en su artículo 10,2: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ratificadas por España".
Si nos vamos ahora a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 10/12/48), vemos que en su artículo 26.3 dice: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". De ello se colige que nuestro texto constitucional lo que hace, en realidad, es salvaguardar un derecho fundamental que tienen los padres a elegir la formación religiosa y moral que esté en consonancia con sus convicciones morales y religiosas, y que le precede, obviamente, en el tiempo. En esta misma perspectiva se posiciona la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza religiosa, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (BOE 1/11/1969), al señalar en su artículo primero: "A los efectos de la presente Convención, se entiende por 'discriminación' toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza".
En conclusión, lo que se está haciendo contra la asignatura de Religión es un atentado sin parangón contra un derecho fundamental consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, razón por la cual se encuentra protegido por nuestra Constitución y desarrollado por acuerdos internacionales. Ello explica por qué dichas enseñanzas religiosas están presentes en la práctica totalidad de los países de Europa en unas condiciones dignas. En Asturias, nuestras autoridades, lejos de empeñarse en custodiar este derecho, se empecinan, una vez más, en conculcarlo y en alejarnos de ese horizonte de libertades en aras de la dignidad de las personas y de una sociedad más justa. La libertad de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos colisiona, en este momento, con la decisión de los poderes políticos de nuestra región, que cercenan este sano ejercicio de libertad y este derecho humano inalienable.
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