Colombia agrava la immpunidad
Mediante la argucia de aplicar las normas del Derecho Internacional Humanitario el Gobierno colombiano acaba de conseguir que el Congreso de la República reforme la Constitución Nacional para reforzar el fuero penal militar.
Esta reforma es un blindaje para los militares que cometen crímenes graves y sistemáticos, como la ejecución extrajudicial de 4.382 personas civiles a las que presentaron como guerrilleros dados de baja en combate, en un país que hace 105 años abolió la pena de muerte pero que tiende a justificarla de facto con la figura del blanco legítimo y del daño colateral.
Y constituye una agresión del gobierno de Juan Manuel Santos contra las víctimas de violaciones de los derechos humanos, pues les niega garantías de acceso a la justicia al quitarle a la jurisdicción civil la competencia para juzgar a militares que siguen cometiendo atropellos y abusos graves en desarrollo del conflicto armado.
De paso torpedean los diálogos con las guerrillas a las que se equipara con la delincuencia común y con los paramilitares, cuando es público y notorio que estas bandas criminales son aliados de la fuerza pública, no tienen enfrentamiento de tipo político con el Estado.
Un error grave si en realidad se buscara combatir la impunidad. Una tronera contra la independencia de los jueces y fiscales. Un atentado contra una norma básica de las democracias modernas que establecen la subordinación del poder militar al civil y la separación de los poderes públicos.
Una concesión costosa del gobierno a los sectores militaristas y guerreristas del establecimiento que seguirán gozando de las ventajas de la solidaridad de cuerpo, juzgándose entre ellos rodeados de la aureola que les construyen los medios de ser héroes de la patria.
Una afrenta a las víctimas del militarismo y un peligro mayor para quienes, a pesar del peligro, insisten en defender los derechos humanos.
Javier Orozco Peñaranda
Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos, Gijón
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