Por una democracia radical

Casi cuarenta años después de la desaparición física del dictador Francisco Franco, y de treinta y ocho años de las primeras elecciones "bastante" libres, es hora de pedir unos cambios fundamentales si creemos –y muchos lo creemos– que "una persona, un voto" debe ser el principio inalterable que rija nuestra vida política.

Habría que empezar celebrando un referéndum que decidiera si España va a continuar siendo una Monarquía o si los españoles deciden que el Estado sea una República. La actual Monarquía, independientemente de la opinión que cada cual tenga de las personas que la han presidido, fue una imposición de un régimen dictatorial y golpista por decisión exclusiva de Franco. Nunca el pueblo español la ha ratificado en las urnas. También deberían los partidos políticos y las organizaciones sociales inclinarse claramente por una u otra opción. Es evidente que el Ateneo Republicano de Asturias se alinea con la solución republicana, como no podía ser de otra manera. Desde el Jefe del Estado (para nosotros Presidente de la República) hasta el último concejal, todos los representantes públicos deben ser elegidos. Es un anacronismo absurdo que la máxima autoridad de un Estado, si presume de democrático, sea un cargo ¡hereditario! (sin ni siquiera pagar el impuesto de sucesiones. Es broma y amarga…). El mayor servicio que el Rey Felipe podría hacer a este país sería renunciar a su cargo. Ni siquiera un referéndum sería necesario. Y el ciudadano Felipe Borbón Grecia tendría tanto derecho como cualquier otro español a presentarse a las elecciones. Claro que tamaño patriotismo parece que no vamos a disfrutarlo.

Después de decidirse el pueblo por la república o por la monarquía, debería cambiarse la ley Electoral basándose en unas premisas sencillas:

1. Todos los votos deben tener el mismo valor, indistintamente del lugar en el que se emitan. No es asunto baladí: en las elecciones al Parlamento europeo lo mismo vale un voto de Soria que otro de Madrid. En cambio, en las elecciones al Congreso de los Diputados un voto de Soria equivale a casi cuatro de Madrid. Y uno de Teruel, a más de tres de Asturias.

2. Visto que las elecciones al Parlamento europeo son las más justas, analicemos el resto de los comicios, empezando por el Congreso de los Diputados y el Senado. La supresión de éste último no causaría ningún daño a nuestro sistema político, antes al contrario, supondría un ahorro de recursos, energía, dinero y tiempo.

3. En cuanto al Congreso, podría establecerse un número variable de diputados de acuerdo exclusivamente a la población con derecho a voto. Me explico: el número de diputados actuales, 350, se reparte según la población de cada provincia, pero también con un criterio de territorialidad, porque cada provincia tiene derecho a un diputado por el hecho de ser provincia, más los que le corresponden de acuerdo a la población que reside en el territorio. No parece de recibo que se adjudique el número de diputados de cada provincia de acuerdo a la población total y no al número de personas con derecho a votar, es decir, a los mayores de 18 años. Se han producido, y continuarán produciéndose, casos absurdos que reflejan una realidad que debería corregirse inmediatamente. Vean y juzguen (datos basados en las últimas elecciones generales de noviembre de 2011).

Los poco más de 3.918.000 votantes de Barcelona eligen 31 diputados –1 por 126.388–, los de Madrid, casi lo mismo: 1 por 124.130 (36 diputados para 4.468.700 votantes). En cambio, la privilegiada Teruel disfruta de 1 diputado por cada 36.156 votantes. La iguala Soria, con 1 diputado por 36.290 votantes.

El desiderátum no termina: ¿por qué a Baleares le corresponden 8 diputados con 715.225 votantes y a Pontevedra 7 con 779.957? Se lo explico: en la minirreforma de la ley Electoral de 1977, que capitanearon Alfonso Guerra por el PSOE y Jorge Verstrynge por el PP en 1986, distribuyeron los diputados de acuerdo a la población total de las provincias y no de acuerdo a la población con derecho al voto. Asimismo, Extremadura, con 887.606 votantes elige a 10 diputados, mientras que Asturias, con 915.924, cuenta solamente con 8. Claro, Extremadura tiene dos provincias…

Un principio básico es que sólo los electores pueden ser elegibles. Y que para distribuir el número de diputados se tenga en cuenta el número de votantes de cada comunidad autónoma y no la población total, que incluye a muchas personas sin derecho al sufragio.

Para concluir este apartado, se necesitarían varias reformas para hacer del resultado de las elecciones un reflejo exacto de la voluntad política de los votantes.

4. Establecer un Congreso con un número fluctuante de diputados de acuerdo a la población con derecho al voto de cada comunidad autónoma. Esto eliminaría la provincia como circunscripción. Castilla y León sería una sola circunscripción con unos veinte diputados. Las CC AA uniprovinciales –Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra, además de las ciudades de Ceuta y Melilla– continuarían (con la excepción de Madrid) con el problema de la escasa representatividad en el Congreso de los partidos minoritarios; quiero decir que en la mayoría de ellas solamente dos partidos enviarían representantes al Congreso. Un grupo pequeño de diputados, veinte o pocos más, se elegirían con los restos de los votos de esas y de las demás CC AA, lo cual paliaría en buena medida esa deficiencia.

También habría que eliminar el porcentaje mínimo que ahora se requiere para que los partidos tengan opción a participar en el reparto de los diputados. Todos los partidos deben contar, y solamente la pura aritmética electoral sería la que impidiera a los que menos apoyo recibieran tener representación. Veamos un ejemplo recentísimo y el más efectivo para entender el problema: en las elecciones autonómicas de mayo de 2015, la Comunidad de Madrid eligió a 119 diputados. Veamos a continuación una comparación entre la ley Electoral actual y la propuesta que acabamos de hacer:

Norma electoral vigente Reparto aritmético puro

PP: 1.047.056 votos= 48 diputados PP: 43

PSOE: 804.692 “ = 37 “ PSOE: 34

PODEM.: 587.949 “ = 27 “ PODEMOS: 25

CIUDAD.: 383.874 “ = 17 “ CIUDAD.: 16

IZQ. UN.: 130.890 “ = 0 “ IZQ. UNIDA: 6

UPyD: 64.468 “ = 0 “ UPyD: 3

VOX: 37.043 “ = 0 “ VOX: 1

PACMA: 32.046 “ = 0 “ PACMA: 1

Compruébese que hasta once diputados se repartirían cuatro partidos políticos que han quedado excluidos por no alcanzar el 5 por ciento del voto popular. Unos 265.000 madrileños no se sentirán representados en el nuevo Parlamento autonómico. Y esto es grave: por una parte, puede fomentar el trasnochado "voto útil". Por otra, puede desalentar a bastantes decenas de miles de ciudadanos, que quizá se abstengan en los próximos comicios. En una democracia avanzada cuantos más votantes se sientan representados en las instituciones, mucho mejor. Así pues, eliminemos el porcentaje mínimo requerido para participar en el recuento. Esta sociedad es muy plural y variada, y me parecería perfecto que los 32.046 madrileños que optaron por el Partido Contra el Maltrato Animal tuvieran el representante que los votos le habían otorgado. No se comprende que once diputados vayan a engrosar las filas de otros partidos. Eso no es respetar la voluntad del electorado.

Ya metido en harina, me atrevo a sugerir un posible nuevo Congreso de los Diputados con arreglo a esta distribución de escaños por comunidad autónoma: puesto que somos alrededor de 35 millones los ciudadanos con derecho al voto, sugiero un Congreso de 375 diputados, que se distribuirían así: (entre paréntesis, diputados a día de hoy).

Andalucía: 64 (60) Aragón: 10 (13) Asturias: 9 (8)

Baleares: 7 (8) Canarias: 16 (15) Cantabria: 5 (5)

Castilla-La Mancha16 (21) Castilla-León: 20 (32) Cataluña: 54 (47)

Comunidad Valenciana: 35 (33) Extremadura: 9 (10) Galicia: 23 (23)

La Rioja: 3 (3) Madrid: 47 (36) Murcia: 10 (10)

Navarra: 5 (5) País Vasco: 18 (18) Ceuta-Melilla: 2 (2)

Total: 352. Otros 23 serían elegidos con los "restos" de cada CC AA para completar los 375. Sin Senado. Cámara única. Y proporcionalidad absolutamente aritmética en el reparto de los congresistas.

El nuevo Congreso, tras elegir al presidente del Gobierno, tendría que afrontar un tema candente y que no se ha resuelto desde la muerte del dictador Franco. Me refiero a la absoluta laicidad del Estado, con el final del Concordato con el Vaticano (llamemos a las cosas por su nombre: con frecuencia ha sido muy poco santa la conocida como "Santa Sede") y con el final también de todos los privilegios económicos, educativos, fiscales, etcétera, de los que disfruta esta organización religiosa. Entre otros detalles, y para empezar, habría que eliminar de una vez por todas la "Religión" del currículo académico.

Solamente con estas medidas y las que emanen posteriormente de un Congreso en el que ninguna comunidad autónoma sea privilegiada ni electoral ni económicamente, podríamos empezar a hablar de una democracia auténtica y moderna. Es evidente que este Congreso tendría el carácter de constituyente y significaría la refundación de nuestra democracia en la nueva república. Que ya va siendo hora.