Independencia anulada
El choque de trenes entre el independentismo catalán y el Gobierno central parece que está asegurado, por la actitud política de Mas. No atiende a razones y no quiere obedecer ni cumplir el ordenamiento legal vigente.
Desoye los justos y racionales requerimientos del presidente del Gobierno y del Jefe del Estado para que respete las leyes. Ante esta situación, los ciudadanos parecen divididos respecto a la posible evitación de la ruptura institucional y política.
Según el último sondeo realizado, el 55 por ciento de la población preguntada cree posible el arreglo. Aunque me parece que, si se analiza mucha información sobre el desarrollo del proceso independentista, a día de hoy la separación y la creación de un nuevo Estado de modo unilateral es, a mi juicio, muy probable.
Y el federalismo propuesto por Iceta, el líder del PSC, no es visto con entusiasmo por los ciudadanos que no residen en el territorio catalán. Ya que los datos de un sondeo realizado dicen que la propuesta federalista es apoyada por un 34 por ciento. Y la anulación de la declaración de independencia por parte del Tribunal Constitucional puede no ser suficiente, a pesar de que el dirigente cree que sí, según parece deducirse de sus declaraciones públicas. Entre otras razones, por el incumplimiento reiterado de sentencias de los más altos tribunales por el Gobierno catalán.
A todo esto se añade el modelo tributario, que desde hace meses está estudiando el Gobierno catalán con vistas a su independencia real. Y que está basado en una gestión de cooperación más que de control. Aunque el Ejecutivo ha anunciado que lo impugnará en caso de ponerse en marcha. Considero que es mejor impedir su funcionamiento efectivo.
Los ciudadanos suspenden, de modo mayoritario, a los dos máximos responsables por la gestión de la crisis catalana. Lo que da idea de la sensación de desagrado existente, en una gran parte de la ciudadanía, ante los parches y el cierre en falso que se está realizando de este proceso de secesión.
Pero lo peor serán las consecuencias para nuestro país. Todavía el nivel de paro es muy alto. Si la economía y la industria catalanas se separan del resto de España, las consecuencias serán muy negativas para la estabilidad y el crecimiento económico de nuestra nación.
A partir del 27 de septiembre o el Ejecutivo toma medidas fuertes y contundentes, o lo que vaya sucediendo, desde un análisis político, al final de este año y durante el siguiente consolidarán una república catalana independiente ya de forma irremediable. Y si esto sucede, de nada vale lamentarse por las ocasiones perdidas. Ya que la unidad nacional española sí puede mantenerse, usando de verdad y con valentía y coraje los legítimos resortes legales de nuestro Estado de derecho. Lo que no excluye, en absoluto, la prudencia. Al contrario, es la prueba manifiesta de una actitud política sensata y responsable. Dejar pasar las cosas y adoptar decisiones insuficientes ante el reto independentista es facilitarles una vía directa a sus pretensiones soberanistas.
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