Un ascensor de justicia
A vueltas con la solicitud de la licencia para la instalación de un ascensor exterior acristalado en la plaza de Jovellanos, 3, de Ribadesella, pasadas las elecciones municipales y constituida la nueva Corporación, el pasado día 28 de julio, tras meses de peticiones, nos recibió la señora alcaldesa. Fue una reunión formal, de puro trámite para ella y, por tanto, decepcionante.
Y es que a estas alturas, la señora alcaldesa tiene unas ideas erróneamente preconcebidas y todavía no entiende que la mayoría de los vecinos de la comunidad se nieguen a la instalación del ascensor y que los solicitantes propongan una solución que da accesibilidad parcial y por el exterior, adosado a la fachada del jardín.
Como no nos había dado la oportunidad de explicárselo, lo hicimos, y le constatamos que en las alegaciones presentadas por la presidenta de la comunidad “los vecinos reiteran su oposición frontal a la concesión de la licencia para la instalación del ascensor”. Pero la señora Alcaldesa no lo entiende: ¿cómo es posible que viviendo personas mayores no lo quieran? Pues se lo aclaran en sus alegaciones, “a pesar de vivir personas de más de 70 años”. Pero, si además existen subvenciones que permitirían la instalación con un ahorro importante, ¿se lo han explicado? Pues sí, lo hizo la anterior administradora de la comunidad y manifestaron que no lo querían, no lo necesitamos, y además la echaron. Pero, ¿como es posible...? Pues las circunstancias son las que son y las personas también y, afortunadamente, después de muchos años, los cambios en la LPH y las nuevas leyes en materia de accesibilidad facilitan que estas necedades no sean insalvables y permiten, como es nuestro caso, la instalación, en casos de discapacidad, a cargo de los solicitantes, sin necesidad de mayorías, y los solicitantes ya no pueden seguir esperando, su discapacidad y su edad no se lo permiten.
Esta situación los obligará a abonar de su bolsillo unos 70.000 euros para poder acceder a sus viviendas, que son sus hogares temporales desde hace cincuenta años, y hay quien todavía los considera veraneantes y, tal vez, caprichosos.
Nos hubiese gustado que la señora alcaldesa hubiese ayudado en la solución, que entendiese y apoyase la necesidad de accesibilidad que tienen los solicitantes; pero consideramos que el Ayuntamiento, como institución, no está para hacer mediaciones de esta índole, pero sí debe estar para dar cumplimiento a las leyes, promover la accesibilidad, en este caso razonable, para facilitar que estos vecinos puedan residir, aunque sea temporalmente, en sus viviendas. Pagarán su IBI y el resto de impuestos municipales, a pesar de que un año mas no habrán podido disfrutar de sus viviendas.
En este momento en que la señora alcaldesa nos informó que están finalizando los informes técnicos y jurídicos para la toma de decisión sobre la concesión de la licencia, nos gustaría contar con el apoyo de todos cuantos leáis estas líneas y estando de acuerdo con los derechos de estas personas os manifestéis personalmente a favor de la concesión de la licencia y, así, favorecer la reflexión de quienes deben autorizar la licencia para proceder a la instalación del ascensor para estas personas discapacitadas y mayores de 80 años (Laura León y María Luisa...). Por una causa justa.
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