Cuando el Estado delinque
La persecución contra el movimiento social colombiano se agudizó. En los primeros seis meses de este año, 34 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas (según la ONU fueron 69), 317 durante los cinco años de gobierno de Juan Manuel Santos. Lo dice el informe “Los Nadie” presentado esta semana por el programa Somos Defensores del que desgajamos algunos datos.
Son asesinatos tan planificados y sistemáticos como impunes. El uso arbitrario del sistema penal ha pervertido la justicia y la fiscalía, que sólo es diligente para apresar a defensoras y acusarlas de rebelión y terrorismo, pero no para investigar quién las amenaza o las mata.
El Gobierno no protege de manera eficaz a las personas de los grupos más vulnerables, pero sí pone todos los medios –legales o no– para hacer inteligencia ofensiva contra opositores políticos y de los planes de las multinacionales.
Agentes del Estado hacen seguimientos, intercepción de comunicaciones, rastreo de correos y teléfonos, asaltos y robos de casas, oficinas y ordenadores con información sensible de casos de violaciones de los derechos humanos; datos que luego son usados para realizar atentados como ocurre en Medellín, donde la Policía Nacional espía ilegalmente y vende información a los sicarios del narcotráfico a través de La Oficina de Envigado.
De las 34 personas asesinadas este año 13 estaban amenazadas de muerte y todas eran dirigentes de procesos sociales. Su muerte es una gran pérdida para la sociedad: 10 dirigentes indígenas, 5 de la comunidad LGBTI (todos fueron torturados), 10 de asociaciones de vecinos, 3 dirigentes campesinos, 2 periodistas, 2 sindicalistas, 1 abogado de víctimas, y 1 dirigente juvenil. Muchos familiares de los muertos son agredidos y amenazados para silenciarlos.
¿Quién amenaza y asesina? Las organizaciones de derechos humanos señalan a la alianza paramilitares-fuerza pública, pero el Gobierno afirma que los paramilitares ya no existen, por eso sus estadísticas hablan de autores desconocidos.
Entre quienes defienden los derechos humanos la preocupación es muy grande al constatar que los agentes de la seguridad y del orden se siguen coordinando con las redes criminales que conspiran contra los sectores adversos al establecimiento.
La paz de Colombia no será posible sin libertades básicas. Reconstruir el país tras la guerra sólo será posible si se garantiza el derecho a la vida para quienes defienden los derechos humanos.
Javier Orozco Peñaranda, Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos, Gijón
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