La Administración Asturiana (II)

En el artículo anterior exponía una situación vivida directamente con la Oficina de Servicios Tributarios y no me ha parecido bien hacer ésta reproche a la admón. de Dña. Dolores Carcedo García, si no le puedo aportar una buena base jurídica para su solución. Si nos leemos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En su Artículo 3 - 2) nos dice: Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 4. 1. Las Administraciones públicas actúan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán. C) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas. 2) Las Administraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. 4. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones.

Artículo 35. Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen el derecho: f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

Es decir, que si las tres administraciones españolas dejaran de funcionar como entes autónomos y se fijasen convenios de colaboración en la aportación de datos, se evitarían el 95 % de los documentos que atosigan de gestiones incomprensibles a los ciudadanos.

Quiero decir, que Dña. Dolores Carcedo, tiene que bajar al ruedo administrativo y romper el aislamiento perpetuo en que se encuentran las distintas administraciones y desmonte los diferentes virreinatos y sus constantes guerras de superioridad que están originando que se aparque los derechos de los ciudadanos, que día a día se están arrastrando de ventanilla en ventanilla perdiendo cientos de horas de trabajo pidiendo auxilio para resolver unos papeles que para mas INRI ya los tiene en su poder la propia administración, (como en éste caso los datos catastrales), amen de los gastos, pérdidas de tiempo y sobre todo la exigencia de conocimientos económicos ciudadano perfecto sin haber realizado las oposiciones que a su vez, tiene que conocerse las leyes, los decretos, las ordenanzas, tasas etc, en definitiva los reglamentos/normas/prescripciones que han creado y rodean esos dichosos papeles para aquellos que no hemos sido adiestrados por los planes de estudios de la Consejería de E. y Cultura.

Es necesario una reforma lingüística en su admón. Un lenguaje de la transparencia o transparencia del lenguaje que como expuse anteriormente, suelen estar redactados en una jerga incomprensible, amparándose en el academicismo más rancio, repletos de tecnicismos oscuros, ajenos al más común del lenguaje ciudadano. Algunos con excesos de anglicismos y de conceptos reducidos a siglas casi jeroglíficas impropia de una admón. que jocosamente se asegura en su programa electoral Que la mayoría de los servicios públicos el grado de satisfacción en Asturias es la mayor de España.

El arte de la escritura, como todos, necesita práctica, técnica y además, talento. Si encima nos enfrentamos a un texto económico o financiero, la cosa se complica: es necesaria la claridad y exactitud. Por lo general los Asturianos suspendemos en educación financiera. No es la economía una asignatura que se haya aprendido en la escuela. Sus conceptos no nos son familiares. Y lo peor es que los expertos, los encargados de traducirlos, se refugian en sus castillos de la admón y se niegan a descender al terreno de lo obvio, lo explícito y lo conciso. En otros países circundantes se ha resuelto este problema y me consta que en España tenemos buenos redactores.

Resumiendo, que para la elaboración de los modelos 660 y 650, con un cruce de datos informáticos entre: El Registro Civil, Registro de la Propiedad, Comisaría de Policía, Juzgado, Notarias, Catastro, Entidades Bancarias, DGT, nos ahorraríamos los Asturianos chiquicientos millones, en funcionarios, locales, alquileres, maquinaria, tiempos, papel etc. Me temo que eso si puede ser un Plan de Modernización de la Administración Autonómica Asturiana, lo otro es vivir en torres de marfil con sabor a helado de vainilla.

La administración electrónica no llega al 75 % de la ciudadanía y según me dice un profesional, solo puede ser utilizada por aquellos que tengan los medios necesarios y los conocimientos económicos amen de llegar a descifrar/comprender unos programas informáticos construidos sin ningún tipo de empatía lo que los hace mas ásperos al ciudadano.