Protección y promoción de las sociedades asturianas de caza
Sólo desde el pensamiento mágico se puede ignorar que la cinegética asturiana se encuentre sujeta a criterios institucionales de conveniencia. El reglamento que regula la ley de Asturias de la caza ha venido suponiendo ser un abanderado de encuentros y desencuentros, por los múltiples movimientos de retoques en su articulado a que se ha visto sometido, en desinterés de una necesaria nueva ley de Caza, que de llegar a constituirse y desarrollarse dentro de un marco de condiciones pragmáticas, exenta de utopías dogmáticas, sería bueno convenir que no entrañe dudas en su texto definitivo por una impronta falta de empatía hacia el carácter social y el estado participativo que ha venido garantizando su posible predecesora.
Pero, llegado el caso, cualquier orden con sentido legislativo que se proceda implantar sobre la caza asturiana se debe sustanciar sobre la base de proteger y potenciar las gestoras sociales adjudicatarias de terrenos cinegéticos de régimen especial, que en su mayoría cubren con amplitud y acierto con la responsabilidad contraída.
Evidentemente, el carácter filántropo de estas asociaciones, la actividad que ejercen sin ánimo de lucro son aspectos convencionales de su distinción. Representan para la Administración un apoyo fidedigno vinculante a la estabilidad demográfica que se requiere de la fauna silvestre asturiana y en el aprovechamiento regulado de especies dentro de las denominadas venatorias. Un trabajo, suficientemente bien hecho, cada vez más ignorado y vilipendiado.
Una intrusión posibilista de agentes foráneos con acceso a un supuesto nuevo sistema de caza en el Principado que pudiera darse en un futuro, abierto a comparecencias de toda índole, que posibilite resoluciones útiles de interés contrapuesto cuyos efectos pudiesen determinar una involución del valor soberano –un agravio– para aquellos cazadores de menor poder adquisitivo sería encumbrar una pérdida del compromiso solidario, si se tienen en cuenta las circunstancias que adornan la idiosincrasia empresarial de los componentes del mercado cinegético –poderosa industria–, caracterizados en áreas que arbitran en la búsqueda de resultados economicistas inmediatos, en detrimento de una preventiva y continuada estabilidad de los recursos a gestionar.
Por tanto, debe potenciarse la atención crediticia que se merece un sector tan escaso de reconocimiento. La caza, desde las organizaciones cívicas que la representan, contribuye, en su compromiso con la sociedad como agente vertebrador, al uso sostenible de un legado faunístico cinegético constituido en excepcional patrimonio público del pueblo asturiano. El reto futuro para la Administración será no menoscabar la presencia activa tradicional del cazador modesto, ni revertir las formas en la senda del corporativismo que identifica la actual ley de Asturias de Caza.
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