El polémico chalé de Brañes
En mi carta del día 20 publicada en LA NUEVA ESPAÑA del día siguiente, expresaba mis dudas sobre los trámites efectuados para la construcción del chalé declarado ilegal por el Ayuntamiento desde que empezaron las obras del citado chalé. Efectivamente, la forma que iba tomando la edificación no se ajustaba a lo solicitado en la licencia de obras, que era una simple caseta ubicada en un posible terreno calificado como rural. Por este motivo, la concejalía de Urbanismo dictó resolución, comunicándola al propietario, conminándole a que derribara lo construido por no ajustarse al proyecto. Si por parte de dicha concejalía se hubiese vigilado que se cumplimentase la orden de derribar esa construcción, cosa que, por lo visto, no se hizo, no se hubiese llegado a esta situación, que ahora tiene consecuencias dramáticas. En esto nada tiene que ver la actual Corporación municipal, aunque bien es cierto que parte de la misma, concretamente el PP, algunos de sus concejales, estaba en aquella Corporación que inició el trámite del derribo.
El resto de la historia ya es conocida por lo publicado en dicha carta y en artículos de este periódico la semana pasada. Al haber reactivado el expediente de derribo por no haberse cumplido la orden dada en un principio, ahora el Ayuntamiento se encuentra con un problema con el que no contaban. Al decretar de nuevo el derribo con cargo a la propiedad de la vivienda, la propietaria de ésta carece de medios económicos para pagar los gastos que originaría la demolición del chalé, ya que está en el paro y no tiene otros medios para sufragar esos gastos. Una posible solución sería reclamarle al exmarido de la propietaria el cincuenta por ciento de dichos gastos por la responsabilidad que tenía en su momento cuando hizo esa obra que no se ajustaba al proyecto. Quedaría el otro cincuenta por ciento a cargo del municipio.
Otra solución sería que el Ayuntamiento le embargase el terreno y lo sacara a subasta pública y con lo que se recaudara de la venta del terreno se pagarían los gastos de demolición parcial o totalmente. Pero lo más importante de todo este embrollo es que la concejalía de Urbanismo y la oficina de licencias investiguen si se dio la cédula de habitabilidad para depurar responsabilidades sobre la improcedencia de la misma, ya que incluso se puede tratar de falsificación de documento público. De todas formas, a la propietaria del chalé y a sus tres hijos pocas esperanzas les quedan, salvo que la Corporación municipal cambie de criterio y deje la puerta abierta a la legalización de la vivienda, pero para ello tendría que empezar de nuevo los trámites, lo que conllevaría una elevada cantidad de dinero en gastos que no puede pagar.
Además de los despropósitos que se darían con la expedición de la cédula de habitabilidad para la solicitud de enganche del suministro eléctrico y el agua para poder utilizar el chalé como vivienda, habría que averiguar si la propietaria del mismo paga el impuesto del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles); en caso afirmativo, sería el colmo del desdichado expediente del permiso de obra y derribo de la misma.
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