Réquiem por la profesión docente

Estos días, coincidiendo con el comienzo del nuevo curso escolar, asistimos perplejos, yo al menos, al revuelo, en mi opinión injustificado, causado por la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, de otorgar el rango de autoridad pública a los maestros y profesores de Primaria y Secundaria de los centros públicos de su comunidad autónoma.

De todos es sabido que desde hace unos veinte años a esta parte, la Educación en España está hecha unos zorros en todos los aspectos, y buena prueba de ello son los pésimos informes de la OCDE sobre el sistema educativo español, que baila como una persona al son de la política.

La buena educación de los ciudadanos es, como ya señaló el espartano Licurgo en el siglo VIII antes de Cristo, la base para el buen funcionamiento del Estado, y para lograr esa buena educación son imprescindibles dos factores consustanciales con el proceso de enseñanza-aprendizaje: respeto mutuo, que no miedo, entre profesores y alumnos, y disciplina. De la misma manera que en una sala de vistas el juez es la máxima autoridad judicial y disciplinaria, es decir, encargada de mantener el orden en dicha sala, en el aula el profesor es la máxima autoridad académica y disciplinaria, que, además de transmitir conocimientos y valores, debe mantener el orden en la misma, lo que no es en absoluto sinónimo de represor, y ha sido precisamente la pérdida de esa autoridad que ha implicado de forma inevitable el desprestigio de la profesión docente lo que nos ha llevado a la situación actual, que tanto lamentamos y que es un grave problema social.

Pues bien, ante el intento de la señora Aguirre de volver a dotar por ley a los docentes de esa autoridad perdida, han surgido voces discordantes entre los colectivos de padres de alumnos y especialmente de parte del señor consejero de Educación del Principado de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, quien recientemente ha afirmado, entre otras cosas, que es preferible educar en la tolerancia que adoptar medidas represivas, como si el concepto de autoridad del profesor fuese sinónimo de represión. Señor Iglesias Riopedre, en Asturias, lo mismo que en Castilla y León, comunidad autónoma en la que ejerzo como docente de Secundaria desde hace quince años y como coordinador de convivencia de un IES, y en otras comunidades autónomas, las relaciones entre profesores y alumnos ya están pervertidas desde hace aproximadamente dos decenios y los maestros y profesores son agredidos verbalmente casi a diario, e incluso, bien es verdad que en contadas ocasiones físicamente, y este hecho que usted, que parece vivir en la Arcadia feliz y desconocer, lo cual es grave, o no reconocer, lo que es más grave aún, es una realidad constatada; véase si no la prensa regional del pasado viernes 18 de septiembre. Educar en la tolerancia, que por otra parte suena muy bien y además no es en absoluto incompatible con la autoridad del profesor, es en los tiempos que corren prácticamente una utopía, de la misma manera que eran una utopía para el almirante Yamamoto los acorazados insumergibles. Empiece usted por educar en la tolerancia a algunos padres que inculcan a sus hijos desde temprana edad la idea de que los maestros y los profesores son unos vagos, que cobran mucho más de lo que merecen, que tienen cuatro meses de vacaciones y que tienen la obligación de aguantar lo que les echen porque para eso les pagan. Mientras no se destierre definitivamente de la sociedad la idea de que el maestro o el profesor es poco menos que un parásito social y no se vuelva a dotar del prestigio que tenía hasta hace veinte años la profesión docente, a la que también es cierto que contribuyen a desprestigiar algunos docentes con su comportamiento, de poco va a servir educar en la tolerancia. Ya decía Quintiliano en el siglo I después de Cristo que la educación debe comenzar en el seno familiar y continuar en la escuela, y sólo así, con una colaboración plena entre las familias y los docentes, lograremos la vuelta automática y natural de la autoridad y del prestigio de los docentes que garantizarán de este modo la buena educación de los ciudadanos, imprescindible para el buen funcionamiento del Estado, de la que hablaba Licurgo. Además, los políticos deben dejar de mentir y de engañar a los ciudadanos disfrazando la cruda realidad de nuestro sistema educativo, porque, insisto, ahí están los demoledores informes de la OCDE que lo atestiguan, y aunar criterios y esfuerzos para elaborar una ley educativa definitiva que vuelva a poner las cosas en su sitio en todos los aspectos.

Juan Carlos Berdasco Valle

Fabero (León)